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¿Cuál es la normativa sobre el plazo de preaviso para el no renovar el contrato en Argentina?
Tanto el arrendador como el arrendatario deben notificar su intención de no renovar el contrato con un plazo mínimo de 60 días antes del vencimiento del contrato.
¿Cómo pueden las empresas de tecnología médica en Argentina abordar los antecedentes disciplinarios de manera ética al contratar personal para el desarrollo y mantenimiento de equipos médicos?
Las empresas de tecnología médica en Argentina pueden abordar los antecedentes disciplinarios de manera ética al contratar personal para el desarrollo y mantenimiento de equipos médicos mediante la evaluación de la relevancia de los antecedentes para las responsabilidades específicas del trabajo. Es esencial equilibrar la seguridad de los pacientes con oportunidades de rehabilitación para aquellos con antecedentes disciplinarios que demuestren habilidades técnicas y compromiso con la salud.
¿Cuáles son las partes involucradas en un contrato de arrendamiento en Argentina?
El contrato de arrendamiento en Argentina implica al arrendador (propietario) y al arrendatario (inquilino).
¿Qué sucede si la propiedad arrendada está afectada por condiciones medioambientales en Argentina?
La responsabilidad por condiciones medioambientales dependerá de las cláusulas contractuales y las leyes ambientales aplicables. Ambas partes deben cumplir con las regulaciones ambientales vigentes.
¿Cómo se aborda la responsabilidad por daños causados por terceros en propiedades compartidas en Argentina?
La responsabilidad por daños causados por terceros en propiedades compartidas debe ser aclarada en el contrato. Puede establecerse que cada inquilino es responsable de los daños causados por sus visitantes.
¿Cómo se pueden ejecutar medidas de retención de ingresos en casos de deudores alimentarios en Argentina?
La ejecución de medidas de retención de ingresos en casos de deudores alimentarios en Argentina se realiza mediante una orden judicial. Esta orden obliga al empleador del deudor a retener una parte de su salario para cubrir las pensiones alimenticias adeudadas. Es un mecanismo efectivo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. El tribunal puede determinar el porcentaje a retener y puede ajustarlo según las circunstancias del deudor y las necesidades de los beneficiarios.
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