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¿Cómo se aborda legalmente el delito de envenenamiento en Argentina?
El envenenamiento en Argentina está penalizado por leyes que buscan prevenir y sancionar el acto de causar daño a otros mediante la administración de sustancias tóxicas. Se imponen sanciones proporcionales a la gravedad del delito, y se busca proteger la salud y seguridad de las personas.
¿Cómo afecta la deuda tributaria a las empresas en Argentina?
La deuda tributaria puede afectar negativamente la situación financiera de las empresas en Argentina, limitando su capacidad para obtener créditos y participar en licitaciones públicas.
¿Qué medidas se implementan para garantizar la confidencialidad de la información comercial sensible durante procesos de licitación en Argentina?
Se implementan medidas estrictas, como acuerdos de confidencialidad, para proteger la información comercial sensible durante procesos de licitación. La divulgación de información se limita a partes autorizadas, y se aplican sanciones por violaciones de la confidencialidad.
¿Cómo pueden las agencias de recursos humanos en Argentina fomentar la inclusión laboral de personas con antecedentes disciplinarios?
Las agencias de recursos humanos en Argentina pueden fomentar la inclusión laboral de personas con antecedentes disciplinarios mediante la promoción de políticas que valoren la rehabilitación, la evaluación individual de habilidades y competencias, y la colaboración con empleadores que prioricen la diversidad y la igualdad de oportunidades.
¿Cuál es el proceso para la guarda de hecho en Argentina?
La guarda de hecho en Argentina se establece cuando una persona asume la responsabilidad y cuidado de un menor sin recurrir a la adopción formal. Este proceso puede ser consensuado entre las partes o reconocido por un tribunal. Aunque no otorga derechos legales plenos, puede brindar ciertas responsabilidades y derechos de cuidado.
¿Cuál es el impacto de un embargo sobre bienes que están bajo un contrato de obra pública en Argentina?
Un embargo sobre bienes bajo un contrato de obra pública puede afectar a la empresa contratista y al ente público, ya que la medida cautelar puede interferir con la ejecución de proyectos de infraestructura pública.
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