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¿Cuál es la importancia de incluir cláusulas de auditoría en un contrato de venta de licencias de software en Argentina?
En contratos de venta de licencias de software en Argentina, las cláusulas de auditoría son esenciales para garantizar el cumplimiento de las licencias. Estas cláusulas deben especificar los derechos de la parte compradora para llevar a cabo auditorías y los procedimientos para resolver discrepancias en el uso del software.
¿Cómo se manejan las renovaciones automáticas en contratos de arrendamiento en Argentina?
Las renovaciones automáticas deben estar especificadas en el contrato, indicando las condiciones y plazos para la notificación de no renovación si es necesario.
¿Se pueden obtener antecedentes judiciales de una persona sin su consentimiento en Argentina?
Generalmente, la obtención de antecedentes judiciales requiere el consentimiento de la persona involucrada, a menos que sea solicitada por autoridades judiciales o fuerzas de seguridad.
¿Cuáles son las normativas legales que respaldan la validación de identidad en Argentina?
La validación de identidad en Argentina está respaldada por diversas normativas legales, entre ellas la Ley N° 17.671 que regula la emisión y utilización del DNI. Además, la Ley N° 25.326 sobre protección de datos personales garantiza la privacidad durante los procesos de validación.
¿Cómo se incorpora la gestión de riesgos de ciberseguridad en la estrategia de compliance en empresas argentinas?
La gestión de riesgos de ciberseguridad se incorpora en la estrategia de compliance en Argentina mediante la adopción de medidas proactivas. Esto incluye la evaluación continua de amenazas cibernéticas, la implementación de controles de seguridad informática y la respuesta rápida ante incidentes de seguridad para proteger la integridad de los datos y la privacidad.
¿Cuáles son las leyes relacionadas con el delito de enriquecimiento ilícito en Argentina?
El enriquecimiento ilícito en Argentina está penalizado por leyes que buscan prevenir y sancionar el aumento injustificado del patrimonio de funcionarios públicos. Se imponen sanciones económicas y penas de prisión para aquellos que no pueden justificar su incremento patrimonial.
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