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¿Cuáles son las medidas de seguridad en la validación de identidad en el sistema educativo digital en Argentina?
En el contexto educativo digital, se implementan medidas de seguridad como la autenticación de dos factores, el uso de plataformas seguras con cifrado de extremo a extremo y la verificación periódica de la identidad del estudiante mediante la presentación de documentos válidos, como el DNI. Estas medidas garantizan la integridad de la educación en línea.
¿Cómo se verifica la identidad en el ámbito de la prestación de servicios de transporte privado, como aplicaciones de transporte compartido, en Argentina?
En servicios de transporte privado, la validación de identidad implica la confirmación de la identidad del conductor y del pasajero a través de la aplicación. Se pueden utilizar fotografías, verificación de datos personales y la asociación con el DNI para garantizar la seguridad y confiabilidad del servicio.
¿Hay incentivos fiscales para la inversión en tecnologías limpias o energías renovables en Argentina?
Sí, el gobierno argentino promueve la inversión en tecnologías limpias y energías renovables mediante incentivos fiscales, como la deducción de impuestos y beneficios para proyectos específicos.
¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona como parte de una investigación académica en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines de investigación académica puede requerir autorización legal y está sujeta a restricciones para proteger la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Es necesario actualizar el DNI al cambiar de domicilio dentro del mismo distrito?
Sí, aunque el cambio de domicilio sea dentro del mismo distrito, se recomienda actualizar el DNI para reflejar la dirección actualizada. Se realiza el trámite en el Renaper o en un centro de documentación rápida.
¿Cómo se garantiza la imparcialidad en las investigaciones de PEP en Argentina?
La imparcialidad en las investigaciones de PEP en Argentina se garantiza mediante la separación de funciones y la independencia de las instituciones encargadas de la supervisión y aplicación de la ley. Se establecen protocolos que evitan la interferencia política en las investigaciones y se fomenta la transparencia en el proceso. La participación activa de la sociedad civil y la revisión judicial son componentes esenciales para asegurar que las investigaciones sean objetivas y justas. Además, se promueve la rendición de cuentas de las autoridades a través de informes periódicos sobre el progreso de las investigaciones.
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