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¿Qué sucede si la propiedad arrendada sufre daños por acciones de terceros en Argentina?
En caso de daños causados por terceros, la responsabilidad por las reparaciones suele recaer en el arrendador, a menos que el arrendatario sea culpable de negligencia o incumplimiento contractual.
¿Cuáles son las opciones para la disolución de la unión convivencial en Argentina?
La unión convivencial en Argentina puede disolverse por mutuo acuerdo de las partes o a través de un proceso judicial en casos de desacuerdo. Al igual que en el divorcio, se pueden abordar temas como la custodia, la cuota alimentaria y la división de bienes.
¿Cuáles son las responsabilidades del deudor durante un proceso de embargo en Argentina?
El deudor tiene la responsabilidad de colaborar con el proceso, proporcionar información precisa sobre sus bienes y deudas, y cumplir con las resoluciones judiciales.
¿Cuáles son los pasos para tramitar un divorcio de mutuo acuerdo en Argentina?
El trámite de divorcio de mutuo acuerdo en Argentina implica que ambas partes acuerden la disolución del matrimonio. Se inicia presentando la demanda de divorcio en el juzgado de familia correspondiente, acompañada de un convenio regulador que contemple aspectos como la división de bienes y la custodia de hijos, si los hay. Luego de una audiencia, el juez emite la sentencia de divorcio. Es recomendable contar con asesoría legal para garantizar que el acuerdo sea equitativo y cumpla con la legislación vigente.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales para los contribuyentes que participan en la producción y venta de dispositivos médicos en Argentina?
Los contribuyentes que participan en la producción y venta de dispositivos médicos en Argentina pueden enfrentar implicaciones fiscales relacionadas con impuestos sobre ventas y otras obligaciones fiscales específicas del sector de dispositivos médicos.
¿Cómo se asegura Argentina de que las ONG que reciben fondos públicos evitan la corrupción y la influencia indebida de PEP en sus actividades?
Argentina se asegura de que las ONG que reciben fondos públicos evitan la corrupción y la influencia indebida de PEP en sus actividades mediante la implementación de regulaciones específicas. Se establecen mecanismos de supervisión que garantizan la transparencia en la asignación de fondos y la ejecución de proyectos. La divulgación proactiva de posibles conexiones con PEP por parte de las ONG es esencial para mantener la integridad. Además, se promueve la participación de la sociedad civil en la vigilancia de las actividades de las ONG y se establecen sanciones en caso de detectarse prácticas indebidas. La revisión constante de los procesos y la aplicación rigurosa de medidas éticas contribuyen a garantizar la integridad en el financiamiento público de las ONG.
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