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¿Cómo se evalúa la capacidad técnica y financiera de los contratistas antes de la adjudicación de contratos en Argentina?
La evaluación de la capacidad técnica y financiera implica la revisión detallada de la experiencia pasada, la solidez financiera y la capacidad técnica de los contratistas. Esto se realiza a través de procesos de precalificación y evaluación de propuestas para garantizar la idoneidad de los contratistas para proyectos específicos.
¿Cómo afecta la debida diligencia en la evaluación de riesgos reputacionales en el sector de la comunicación y medios en Argentina?
En el sector de la comunicación y medios, la debida diligencia influye en la evaluación de riesgos reputacionales. Esto implica revisar el contenido producido, evaluar la ética periodística, y comprender cómo la empresa aborda cuestiones de responsabilidad social. Además, es esencial revisar la percepción pública de la empresa en el mercado argentino y cómo la misma se adapta a cambios en las tendencias de comunicación y medios.
¿Cuáles son los derechos y deberes del arrendatario en relación con las reparaciones menores en Argentina?
El arrendatario puede realizar reparaciones menores necesarias, pero debe informar al arrendador y, en muchos casos, recibir reembolso por los gastos.
¿Cuál es la normativa sobre la retención de impuestos en pagos de alquiler en Argentina?
Los pagos de alquiler pueden estar sujetos a retenciones impositivas, y es importante cumplir con las obligaciones fiscales establecidas por la ley.
¿Puede un embargo afectar a bienes que están siendo utilizados para la producción de bienes farmacéuticos en Argentina?
Los bienes utilizados para la producción de bienes farmacéuticos pueden tener protecciones especiales durante un embargo, asegurando la continuidad de actividades críticas para la salud pública.
¿Cómo se gestionan los conflictos de interés potenciales entre funcionarios públicos y contratistas en Argentina?
Se implementan medidas de gestión de conflictos de interés, como la declaración obligatoria de intereses financieros y la restricción de participación en procesos de contratación a aquellos con posibles conflictos. La transparencia y la divulgación son clave para abordar este problema.
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