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¿Cómo se determina la cuota alimentaria en casos de divorcio en Argentina?
La cuota alimentaria en casos de divorcio en Argentina se determina considerando los ingresos y gastos de ambas partes, así como las necesidades de los hijos. El objetivo es asegurar un nivel de vida adecuado para los menores tras la separación.
¿Cómo se aborda la relación entre el lavado de activos y el tráfico de personas en Argentina?
La relación entre el lavado de activos y el tráfico de personas se aborda en Argentina mediante enfoques multidisciplinarios que involucran a las fuerzas de seguridad, autoridades judiciales y organismos especializados. Se implementan medidas específicas para rastrear y desmantelar redes vinculadas al tráfico de personas, con especial atención a las transacciones financieras que puedan estar relacionadas con estas actividades ilícitas. La colaboración internacional es esencial para abordar eficazmente esta compleja problemática.
¿Cuáles son las obligaciones del arrendador en términos de mantenimiento de áreas comunes en propiedades compartidas en Argentina?
El arrendador es responsable del mantenimiento de áreas comunes, como pasillos o patios, en propiedades compartidas, a menos que se acuerde lo contrario en el contrato.
¿Cuáles son las implicancias de la Ley de Contrato de Trabajo en los contratos de venta que involucran empleados en Argentina?
Cuando un contrato de venta implica el trabajo de empleados, la Ley de Contrato de Trabajo en Argentina debe ser considerada. Es necesario establecer cláusulas que indiquen las responsabilidades y obligaciones de las partes en relación con el personal involucrado.
¿Cuáles son las causales de nulidad de matrimonio en Argentina?
El matrimonio puede declararse nulo en Argentina por diversas causales, como el error en la identidad del cónyuge, el matrimonio simulado o la falta de consentimiento. La nulidad implica que el matrimonio nunca existió legalmente.
¿Cómo se trata legalmente el delito de difamación política en Argentina?
La difamación política en Argentina está sujeta a las leyes de difamación, que buscan proteger la reputación de los funcionarios públicos y políticos. Se pueden presentar demandas civiles y, en casos graves, se pueden imponer sanciones penales por la difusión de información falsa que perjudique la imagen de una figura política.
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