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¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para propósitos de investigación sobre políticas de transporte en Argentina?
La solicitud de antecedentes judiciales con fines de investigación sobre políticas de transporte puede requerir autorización legal y estar sujeta a restricciones, respetando la privacidad y los derechos de las personas involucradas.
¿Cómo se abordan las reparaciones en casos de desgaste natural de la propiedad arrendada en Argentina?
Las reparaciones debidas al desgaste natural generalmente son responsabilidad del arrendador, a menos que el desgaste sea resultado del mal uso del arrendatario.
¿Cómo se integran las estrategias de prevención del lavado de activos con los esfuerzos internacionales para combatir la corrupción en Argentina?
Las estrategias de prevención del lavado de activos se integran con los esfuerzos internacionales para combatir la corrupción en Argentina a través de la cooperación activa en foros y acuerdos internacionales. Se promueve la transparencia en las transacciones gubernamentales y se fortalece la colaboración con organismos internacionales anticorrupción. La participación en tratados y convenciones internacionales contribuye a la creación de un marco integral que aborda tanto el lavado de activos como la corrupción.
¿Es obligatorio obtener el consentimiento del candidato antes de realizar la verificación de antecedentes en Argentina?
Sí, en Argentina es obligatorio obtener el consentimiento expreso del candidato antes de llevar a cabo la verificación de antecedentes. Esto se ajusta a las regulaciones de protección de datos personales.
¿Cómo se manejan los pagos de servicios públicos en un contrato de arrendamiento en Argentina?
Los pagos de servicios públicos suelen ser responsabilidad del arrendatario, a menos que se acuerde lo contrario en el contrato.
¿Existen incentivos para la contratación de personas con discapacidad por parte de contratistas en proyectos gubernamentales en Argentina?
Sí, se ofrecen incentivos, como beneficios fiscales y puntos adicionales en la evaluación de propuestas, para contratistas que demuestran un compromiso con la contratación de personas con discapacidad. Esto promueve la inclusión y la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.
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