Artículos recomendados
¿Cómo se manejan fiscalmente las operaciones de leasing en Argentina?
Las operaciones de leasing están sujetas al Impuesto a las Ganancias. Tanto el arrendador como el arrendatario deben cumplir con sus obligaciones fiscales y declarar adecuadamente las transacciones de leasing.
¿Puede un ciudadano argentino obtener el DNI a través de un poder notarial sin necesidad de presentarse personalmente en el Renaper?
No, la obtención del DNI requiere la presencia física del titular en el Renaper. La presentación personal es necesaria para la toma de datos biométricos y la firma del formulario. Aunque un tercero pueda realizar algunos trámites en representación del titular, la presencia del titular es indispensable para completar el proceso.
¿Cuál es la normativa sobre el plazo de preaviso para el no renovar el contrato en Argentina?
Tanto el arrendador como el arrendatario deben notificar su intención de no renovar el contrato con un plazo mínimo de 60 días antes del vencimiento del contrato.
¿Cuáles son las obligaciones del acreedor durante un proceso de embargo en Argentina?
El acreedor tiene la obligación de seguir procedimientos legales adecuados, notificar al deudor y respetar los límites establecidos por la ley al realizar un embargo en Argentina.
¿Cómo se aborda la prevención del lavado de dinero en el sector de la industria alimentaria en Argentina?
En el sector de la industria alimentaria en Argentina, la prevención del lavado de dinero se aborda mediante regulaciones específicas. Empresas en este sector deben implementar procesos de identificación de clientes, monitorear transacciones y reportar actividades sospechosas. La supervisión por parte de la UIF se centra en prevenir el uso indebido de la industria alimentaria para actividades ilícitas, garantizando la transparencia en las operaciones comerciales.
¿Cuál es el proceso para la declaración de interdicción en Argentina?
La declaración de interdicción en Argentina se realiza a través de un proceso judicial. Se deben presentar pruebas médicas y psicológicas que demuestren la incapacidad de la persona para cuidar de sus propios asuntos. El tribunal evaluará la situación y, si es necesario, designará un curador para representar legalmente a la persona declarada interdicta.
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