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¿Cómo se aborda legalmente el delito de tráfico de influencias en Argentina?
El tráfico de influencias en Argentina está penalizado por leyes que buscan prevenir y sancionar el uso indebido de influencias para obtener beneficios personales. Se imponen sanciones a quienes participan en esta práctica corrupta.
¿Cómo influye el contexto internacional en las estrategias de prevención del lavado de activos en Argentina?
Argentina se ajusta a estándares internacionales en la lucha contra el lavado de activos, en consonancia con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). La cooperación internacional es fundamental, y el país trabaja en estrecha colaboración con otros países y organismos para fortalecer sus estrategias y mejorar la eficacia de las medidas preventivas.
¿Cuáles son las implicaciones del Código Penal argentino en relación con el cumplimiento normativo empresarial?
El Código Penal argentino establece responsabilidades legales para las empresas en casos de corrupción y otros delitos. Las empresas pueden ser consideradas responsables si no han implementado medidas adecuadas de prevención. Esto destaca la importancia de contar con programas de cumplimiento sólidos para mitigar el riesgo de sanciones legales.
¿Cuál es el impacto de un embargo sobre bienes que están bajo un contrato de prestación de servicios en Argentina?
Un embargo sobre bienes bajo un contrato de prestación de servicios puede afectar al prestador y al beneficiario, ya que la medida cautelar puede interferir con la continuidad de la prestación de servicios.
¿Cómo se determina la prioridad de los embargos en caso de múltiples acreedores en Argentina?
La prioridad se establece según la fecha de inscripción de los embargos, siguiendo el principio "prior en el tiempo, prior en el derecho".
¿Cómo se abordan los casos de desalojo de la vivienda familiar en situaciones de separación o divorcio en Argentina?
En casos de separación o divorcio en Argentina, el desalojo de la vivienda familiar se aborda considerando factores como la tenencia de los hijos y la capacidad económica de los cónyuges. El tribunal puede decidir sobre la posesión de la vivienda de manera temporal o definitiva, teniendo en cuenta el interés superior de los menores.
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