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¿Cuáles son las repercusiones sociales de un embargo en Argentina?
Un embargo puede tener repercusiones sociales, afectando la calidad de vida del deudor y su entorno familiar, así como generando tensiones económicas y emocionales.
¿Cuál es el proceso para obtener la residencia para profesionales del ámbito de la oncología argentina en España?
El proceso para obtener la residencia para profesionales del ámbito de la oncología argentina en España puede implicar la validación de títulos, la acreditación de la experiencia laboral en oncología y el cumplimiento de requisitos establecidos por los colegios profesionales y las autoridades sanitarias.
¿Cómo se establece la filiación en casos de gestación por sustitución en Argentina?
En casos de gestación por sustitución en Argentina, la filiación se establece mediante un proceso judicial. El acuerdo entre las partes, incluyendo la gestante y los futuros padres, debe ser homologado por un juez para reconocer la filiación de los padres intencionales.
¿Cuál es la relación entre los antecedentes disciplinarios y la participación en programas de desarrollo de habilidades artísticas en Argentina?
Los antecedentes disciplinarios pueden influir en la participación en programas de desarrollo de habilidades artísticas en Argentina. Las organizaciones que ofrecen estos programas pueden evaluar la idoneidad de los participantes, equilibrando la seguridad con oportunidades de formación artística para aquellos con antecedentes disciplinarios que buscan expresar su creatividad y participar en actividades artísticas.
¿Cuál es el impacto de un embargo sobre bienes que están bajo un contrato de obra pública en Argentina?
Un embargo sobre bienes bajo un contrato de obra pública puede afectar a la empresa contratista y al ente público, ya que la medida cautelar puede interferir con la ejecución de proyectos de infraestructura pública.
¿Puede el arrendador retener el depósito de garantía por falta de pago de servicios públicos en Argentina?
El arrendador puede retener el depósito de garantía si el arrendatario no paga los servicios públicos, siempre y cuando esta posibilidad esté especificada en el contrato.
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