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¿Existe un DNI específico para personas en situación de migración irregular?
En Argentina, todas las personas, independientemente de su situación migratoria, tienen el derecho de obtener el DNI. Las autoridades migratorias no intervienen en el proceso de obtención del DNI, que se realiza en el Renaper.
¿Cuál es el proceso para embargar un vehículo en Argentina?
Embargar un vehículo en Argentina implica obtener una orden judicial, notificar al deudor y registrar la medida en el organismo correspondiente de tránsito.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de los ingresos obtenidos por la venta de derechos de comercialización de productos del sector de la construcción en Argentina?
Los ingresos obtenidos por la venta de derechos de comercialización de productos del sector de la construcción están sujetos al Impuesto a las Ganancias. Es necesario declarar adecuadamente estas transacciones y calcular el impuesto correspondiente según las pautas de la AFIP.
¿Cuál es el procedimiento para verificar la situación registral de una empresa antes de la contratación en Argentina?
Verificar la situación registral de una empresa en Argentina antes de la contratación implica revisar la información disponible en la Inspección General de Justicia (IGJ) y otros registros comerciales. Se pueden solicitar extractos de la IGJ y comprobantes de la situación fiscal de la empresa. Obtener el consentimiento de la empresa y seguir los procedimientos establecidos por la IGJ son pasos fundamentales para garantizar la legalidad y transparencia en la verificación de la situación registral antes de la contratación.
¿Se puede realizar un inventario de la propiedad al inicio del contrato en Argentina?
Sí, se recomienda realizar un inventario detallado al comienzo del contrato para documentar el estado de la propiedad y evitar disputas al finalizar el arrendamiento.
¿Cómo se trata legalmente el delito de difamación política en Argentina?
La difamación política en Argentina está sujeta a las leyes de difamación, que buscan proteger la reputación de los funcionarios públicos y políticos. Se pueden presentar demandas civiles y, en casos graves, se pueden imponer sanciones penales por la difusión de información falsa que perjudique la imagen de una figura política.
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