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¿Qué recursos legales tiene el acreedor alimentario para hacer cumplir las decisiones judiciales en Argentina?
El acreedor alimentario en Argentina cuenta con varios recursos legales para hacer cumplir las decisiones judiciales. Estos incluyen la ejecución de medidas de embargo, retención de ingresos, y en casos extremos, la solicitud de prisión del deudor. Además, el acreedor puede recurrir a la asistencia del Ministerio de Desarrollo Social y otros organismos para garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias establecidas por el tribunal.
¿Cómo afecta un embargo a la propiedad inmueble en Argentina?
Un embargo sobre una propiedad inmueble en Argentina implica la anotación de la medida en el registro de la propiedad, lo que limita la capacidad del propietario para disponer de la misma.
¿Cuáles son las implicancias laborales y de seguridad en el transporte de bienes en un contrato de venta en Argentina?
En contratos de venta que involucran transporte de bienes, es esencial abordar las implicancias laborales y de seguridad. Esto puede incluir la responsabilidad por accidentes durante el transporte, condiciones laborales de los conductores y el cumplimiento de regulaciones de seguridad vial.
¿Cuál es el procedimiento para cambiar la foto del DNI por razones de identidad de género?
Cambiar la foto del DNI por razones de identidad de género se realiza en conjunto con el trámite de cambio de género en el Renaper. La nueva fotografía reflejará la identidad de género autopercibida de la persona.
¿Cómo afectan las deudas tributarias a las cooperativas en Argentina?
Las cooperativas en Argentina pueden enfrentar deudas tributarias relacionadas con impuestos sobre ingresos y otras obligaciones fiscales, afectando su capacidad para distribuir beneficios a los miembros.
¿Cómo se protegen los derechos individuales de las PEP durante procesos de investigación en Argentina?
Durante los procesos de investigación relacionados con PEP en Argentina, se protegen rigurosamente los derechos individuales. Esto incluye el derecho a la presunción de inocencia, la representación legal adecuada y el acceso a un juicio justo. Las autoridades buscan equilibrar la necesidad de investigar posibles irregularidades con la protección de los derechos individuales, garantizando así que los procedimientos sean justos y respetuosos con los principios legales.
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