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¿Cómo se aborda la problemática del lavado de activos en el ámbito jurídico y judicial en Argentina?
En Argentina, se buscan constantemente mejoras en el ámbito jurídico y judicial para abordar la problemática del lavado de activos. Esto incluye la actualización de leyes y reglamentaciones, así como el fortalecimiento de la capacidad de los tribunales para investigar y enjuiciar casos de lavado de activos de manera efectiva. Las reformas legales buscan cerrar lagunas y garantizar un marco legal robusto contra este delito.
¿Cuáles son las consecuencias de ser deudor de impuestos en Argentina?
Los deudores de impuestos en Argentina pueden enfrentar sanciones como multas, intereses acumulados y embargos de bienes.
¿Cuál es su enfoque para evaluar la creatividad y la innovación del candidato, considerando la importancia de la originalidad en la resolución de problemas en el mercado laboral argentino?
La creatividad e innovación son fundamentales. Se busca entender cómo el candidato ha aplicado la creatividad en el pasado, su capacidad para proponer soluciones innovadoras y su contribución a la mejora continua en el contexto empresarial argentino.
¿Cómo se regulan las entregas programadas y la disponibilidad de productos o servicios en un contrato de venta en Argentina?
Las entregas programadas y la disponibilidad de productos o servicios deben ser reguladas en un contrato de venta argentino. Esto puede incluir plazos específicos, penalizaciones por retrasos y procedimientos para ajustar el calendario de entrega según las necesidades de ambas partes.
¿Cuáles son las consecuencias fiscales de un embargo sobre bienes inmuebles en Argentina?
Un embargo sobre bienes inmuebles puede tener consecuencias fiscales, ya que puede generar impuestos adicionales sobre la transferencia de propiedad o la transmisión de derechos.
¿Cómo se asegura Argentina de que las PEP no utilicen la contratación pública para favorecer a empresas afines en proyectos de infraestructura?
Argentina se asegura de que las PEP no utilicen la contratación pública para favorecer a empresas afines en proyectos de infraestructura mediante la aplicación de medidas específicas. Se establecen procesos de licitación transparentes y competitivos, asegurando que la selección de contratistas sea objetiva. La debida diligencia en la evaluación de las ofertas y la divulgación proactiva de posibles conexiones entre PEP y empresas participantes son esenciales. Además, se promueve la participación ciudadana en la supervisión de los procesos de licitación y se establecen sanciones en caso de detectarse favoritismos indebidos. La revisión constante de los procedimientos y la aplicación rigurosa de medidas éticas contribuyen a mantener la integridad en la contratación pública.
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