Artículos recomendados
¿Cuáles son las principales leyes de cumplimiento normativo en Argentina que las empresas deben tener en cuenta?
En Argentina, las empresas deben prestar especial atención a leyes como la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, la Ley Antilavado de Dinero, y la Ley de Defensa de la Competencia, entre otras. Estas leyes abordan aspectos clave del cumplimiento normativo.
¿Cuál es la relación entre la ética empresarial y la responsabilidad ambiental en empresas argentinas?
La relación entre la ética empresarial y la responsabilidad ambiental en Argentina implica la adopción de prácticas sostenibles. Los programas de compliance deben incluir políticas que promuevan la reducción de impactos ambientales, el uso responsable de recursos y la contribución positiva a la conservación del medio ambiente.
¿Cuál es el impacto de las deudas tributarias en el desarrollo de emprendimientos en Argentina?
Las deudas tributarias pueden obstaculizar el desarrollo de emprendimientos en Argentina al afectar los flujos de efectivo y limitar la capacidad de inversión y crecimiento de las nuevas empresas.
¿Cuál es la importancia de incluir una cláusula de confidencialidad en un contrato de venta en Argentina?
La cláusula de confidencialidad en un contrato de venta argentino es esencial para proteger información sensible y estratégica compartida entre las partes. Establece las obligaciones de confidencialidad y las consecuencias por su incumplimiento.
¿Cuál es el plazo de conservación de los antecedentes judiciales en Argentina?
La información de antecedentes judiciales se conserva de manera indefinida en el Registro Nacional de Reincidencia, aunque ciertos delitos pueden tener restricciones de acceso.
¿Cómo se trata legalmente el delito de difamación política en Argentina?
La difamación política en Argentina está sujeta a las leyes de difamación, que buscan proteger la reputación de los funcionarios públicos y políticos. Se pueden presentar demandas civiles y, en casos graves, se pueden imponer sanciones penales por la difusión de información falsa que perjudique la imagen de una figura política.
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