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¿Cuáles son las leyes relacionadas con el delito de discriminación por orientación sexual en Argentina?
Argentina cuenta con leyes que prohíben la discriminación por orientación sexual. Se busca garantizar la igualdad de derechos y proteger a las personas contra la discriminación basada en su orientación sexual.
¿Cuáles son los riesgos relacionados con eventos sociales y políticos en Argentina y cómo pueden las empresas gestionar la incertidumbre en este contexto?
Eventos sociales y políticos pueden tener un impacto significativo en las operaciones comerciales. Las empresas deben monitorear de cerca los acontecimientos, diversificar riesgos políticos y sociales, y desarrollar planes de contingencia para escenarios adversos. La colaboración con expertos locales y la participación activa en diálogos con la sociedad contribuyen a comprender y gestionar los riesgos relacionados con eventos sociales y políticos en Argentina.
¿Existen programas de movilidad laboral temporal entre empresas argentinas y españolas?
Sí, existen programas de movilidad laboral temporal entre empresas argentinas y españolas. Estos programas pueden facilitar el intercambio de profesionales entre ambas naciones, permitiendo trabajar temporalmente en la filial de una empresa en el otro país.
¿Qué derechos tienen los hermanos en casos de divorcio o separación en Argentina?
En casos de divorcio o separación en Argentina, los hermanos tienen el derecho de mantener su relación. Los tribunales pueden tomar medidas para asegurar el contacto entre hermanos en situaciones de custodia o régimen de visitas.
¿Cómo afectan los antecedentes judiciales a la participación en programas de emprendimiento y desarrollo empresarial en Argentina?
Los antecedentes judiciales pueden ser considerados en programas de emprendimiento y desarrollo empresarial al evaluar la idoneidad y confiabilidad de los participantes.
¿Cuál es el proceso para la revisión de sanciones en casos de cambio de administración gubernamental en Argentina?
En casos de cambio de administración, se establece un proceso de revisión de sanciones que considera la continuidad y consistencia de las políticas. Se busca garantizar la imparcialidad y evitar cambios abruptos en la aplicación de sanciones, priorizando la estabilidad y la justicia en el proceso.
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