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¿Cómo se manejan los casos de incumplimiento del arrendador en Argentina?
En caso de incumplimiento del arrendador, el arrendatario puede notificar el problema y, si no se resuelve, buscar acciones legales para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
¿Cuál es el plazo de prescripción para reclamar la filiación en Argentina?
El plazo de prescripción para reclamar la filiación en Argentina es de cinco años a partir del conocimiento del hecho. Sin embargo, este plazo puede suspenderse o interrumpirse en ciertas circunstancias, como cuando se demuestra que el demandado ocultó la verdad.
¿Qué bienes no pueden ser embargados en Argentina?
Algunos bienes, como los necesarios para la subsistencia básica, no pueden ser embargados en Argentina. Esto incluye ciertos enseres domésticos, herramientas de trabajo y otros bienes esenciales.
¿Cómo se regulan las condiciones de terminación por incumplimiento en un contrato de venta en Argentina?
Las condiciones de terminación por incumplimiento en un contrato de venta argentino deben ser claras y detalladas. Deben especificar los eventos que constituyen incumplimiento, los plazos para corregir dichos incumplimientos y las consecuencias en caso de no corrección o repetición.
¿Cómo se abordan las preocupaciones de seguridad cibernética en el contexto del KYC en Argentina?
Las preocupaciones de seguridad cibernética en el contexto del KYC en Argentina se abordan mediante la implementación de medidas de seguridad robustas. Esto incluye la encriptación de datos, la autenticación multifactor, y la adopción de prácticas de ciberseguridad avanzadas. Además, las instituciones financieras suelen realizar auditorías regulares de seguridad cibernética y colaborar con expertos en el campo para asegurar la protección de la información del cliente.
¿Cómo se promueve la colaboración entre el sector público y privado en la supervisión de PEP en Argentina?
Argentina fomenta la colaboración entre el sector público y privado en la supervisión de PEP. Se establecen canales de comunicación efectivos entre las autoridades gubernamentales y las instituciones financieras y empresariales. Se alienta a las empresas a informar sobre transacciones sospechosas y a cooperar con las investigaciones. La participación activa del sector privado no solo fortalece la capacidad de supervisión, sino que también contribuye a la creación de un entorno empresarial ético y transparente en el país.
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