Artículos recomendados
¿Es posible incluir cláusulas de mediación obligatoria en el contrato de arrendamiento en Argentina?
Sí, las partes pueden acordar la mediación obligatoria como primer paso para resolver disputas antes de recurrir a procedimientos legales, siempre que esté especificado en el contrato.
¿Cómo se regulan las condiciones de entrega y aceptación en un contrato de venta de productos personalizados en Argentina?
En contratos de venta de productos personalizados en Argentina, las condiciones de entrega y aceptación deben ser específicas y detalladas. Esto puede incluir la definición de estándares de calidad, procedimientos de inspección y plazos para la aceptación o notificación de discrepancias en productos personalizados.
¿Cómo se realiza el trámite para registrar un contrato de alquiler en Argentina?
El registro de un contrato de alquiler en Argentina se efectúa en la Dirección General de Registro de Contratos de Locación de Inmuebles (Ley 27.551). Ambas partes, arrendador y arrendatario, deben presentarse con el contrato firmado y la documentación requerida. Se completa un formulario, se abonan las tasas correspondientes y se entrega una copia registrada del contrato. Este trámite brinda seguridad jurídica a ambas partes y cumple con los requisitos de la nueva normativa de alquileres.
¿Puede un ciudadano argentino solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona extranjera para uso personal?
La solicitud de antecedentes judiciales de una persona extranjera por parte de un ciudadano argentino puede estar sujeta a restricciones y requerir autorización legal.
¿Cómo afecta un embargo a los bienes que están bajo un usufructo en Argentina?
Los bienes bajo usufructo pueden ser objeto de embargo, pero la medida se aplicaría al usufructo y no al derecho de propiedad, lo que significa que el usufructuario podría seguir utilizando los bienes.
¿Cuál es el papel de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la contratación pública en Argentina?
La participación ciudadana se fomenta mediante consultas públicas, audiencias y la incorporación de comentarios ciudadanos en la toma de decisiones sobre contratación pública. Esto garantiza la representación de diversas perspectivas y fortalece la legitimidad de los procesos de contratación gubernamental.
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