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¿Cómo afectan los antecedentes judiciales a la participación en programas de inclusión social en Argentina?
En programas de inclusión social, los antecedentes judiciales pueden ser evaluados para garantizar la seguridad y la idoneidad de los participantes, especialmente en iniciativas dirigidas a poblaciones vulnerables.
¿Cómo se determina la responsabilidad por el mantenimiento del jardín o áreas verdes en la propiedad arrendada en Argentina?
La responsabilidad por el mantenimiento del jardín o áreas verdes se establece en el contrato; generalmente, es responsabilidad del arrendatario, pero puede acordarse de manera diferente.
¿Cómo se evalúa la conducta ética de los contratistas antes de otorgar contratos en Argentina?
La evaluación ética implica un proceso riguroso que incluye la revisión de antecedentes, la verificación de cumplimiento de normativas y estándares éticos, así como la evaluación de la integridad empresarial. Este proceso se lleva a cabo antes de la adjudicación de cualquier contrato gubernamental.
¿Qué sucede si una persona es declarada inocente después de tener antecedentes judiciales en Argentina?
En caso de ser declarada inocente, la persona puede solicitar la rectificación de la información en sus antecedentes judiciales para reflejar la nueva situación legal.
¿Cómo se aborda la protección de datos personales en el contexto del KYC en Argentina?
La protección de datos personales es una prioridad en el contexto del KYC en Argentina. Las instituciones financieras implementan medidas estrictas de seguridad de datos, como la encriptación y el acceso restringido. Además, se adhieren a las leyes locales de protección de datos, como la Ley de Protección de Datos Personales, para garantizar la privacidad y la seguridad de la información del cliente.
¿Cómo se abordan las posibles influencias indebidas de PEP en el proceso legislativo en Argentina?
Las posibles influencias indebidas de PEP en el proceso legislativo en Argentina se abordan mediante la implementación de medidas de transparencia y ética. Se establecen regulaciones que prohíben el uso indebido de la influencia de PEP en la toma de decisiones legislativas. Además, se promueve la divulgación proactiva de las relaciones entre legisladores y PEP, asegurando que el proceso legislativo sea transparente y libre de influencias indebidas. La participación ciudadana y la supervisión activa de la sociedad civil son fundamentales para alertar sobre posibles prácticas indebidas y mantener la integridad en el ámbito legislativo.
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