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¿Cuáles son las leyes relacionadas con el delito de tráfico de armas en Argentina?
El tráfico de armas en Argentina está penalizado por leyes específicas que buscan prevenir la circulación ilegal de armamento. Se imponen sanciones a quienes participan en la importación, exportación o tráfico de armas sin autorización.
¿Cómo se protegen los derechos de los niños en situaciones de violencia familiar en Argentina?
En situaciones de violencia familiar en Argentina, se busca proteger los derechos de los niños a través de medidas de seguridad, como órdenes de restricción y la intervención de equipos interdisciplinarios. Se prioriza el interés superior del menor en la resolución de estos casos.
¿Qué medidas puede tomar un deudor para evitar embargos en Argentina?
Los deudores pueden evitar embargos en Argentina al adherirse a planes de pago, presentar garantías y negociar con la AFIP para llegar a acuerdos de pago.
¿Cómo se aborda legalmente el delito de tráfico de influencias en Argentina?
El tráfico de influencias en Argentina está penalizado por leyes que buscan prevenir y sancionar el uso indebido de influencias para obtener beneficios personales. Se imponen sanciones a quienes participan en esta práctica corrupta.
¿Qué derechos tienen los abuelos respecto a sus nietos en Argentina?
Los abuelos en Argentina tienen el derecho de mantener contacto con sus nietos. En casos de conflictos familiares, los tribunales pueden intervenir para garantizar este derecho, siempre considerando el bienestar del menor.
¿Cómo se aborda la supervisión de PEP en el ámbito de la justicia y el sistema judicial en Argentina?
La supervisión de PEP en el ámbito de la justicia y el sistema judicial en Argentina se aborda mediante la implementación de medidas que garantizan la independencia y la transparencia. Se establecen procesos de selección de jueces basados en el mérito y la imparcialidad. La divulgación proactiva de posibles relaciones con PEP por parte de los miembros del sistema judicial es esencial para mantener la integridad. Además, se promueve la participación de la sociedad civil en la supervisión de la administración de justicia y se establecen sanciones en caso de detectarse influencias indebidas. La revisión constante de los procedimientos y la aplicación rigurosa de medidas éticas contribuyen a garantizar la integridad en el sistema judicial.
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