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¿Qué sucede si un deudor no cumple con un embargo en Argentina?
Si un deudor no cumple con un embargo, pueden enfrentar sanciones adicionales, incluyendo la posibilidad de que se amplíe la medida cautelar o se tomen otras acciones legales.
¿Cómo se regula el régimen de comunicación en casos de divorcio en Argentina?
El régimen de comunicación en casos de divorcio en Argentina se establece para garantizar el contacto del progenitor no custodio con los hijos. Este régimen puede ser acordado entre los padres o determinado por el tribunal, y busca asegurar una relación continua y saludable entre el progenitor y los hijos.
¿Puede el arrendatario subarrendar la propiedad sin el consentimiento del arrendador en Argentina?
El arrendatario generalmente necesita el consentimiento por escrito del arrendador para subarrendar la propiedad en Argentina.
¿Cuál es el proceso de mediación en Argentina y cómo puede beneficiar a las partes involucradas?
El proceso de mediación en Argentina implica la intervención de un tercero neutral para facilitar la comunicación entre las partes en conflicto. Esta alternativa a la vía judicial busca llegar a un acuerdo amistoso y evitar litigios prolongados. La mediación puede ser beneficiosa al reducir costos, preservar relaciones laborales y proporcionar soluciones más rápidas y flexibles que un juicio tradicional ante los tribunales laborales.
¿Qué recursos legales tiene el deudor alimentario para impugnar la cuantía de las pensiones en Argentina?
El deudor alimentario en Argentina puede impugnar la cuantía de las pensiones presentando una solicitud al tribunal. Debe proporcionar pruebas y argumentos que respalden su solicitud, como cambios en sus circunstancias económicas. El tribunal revisará la solicitud y tomará una decisión considerando la equidad y el bienestar de los beneficiarios, asegurando que la cuantía de las pensiones sea justa y proporcional a las capacidades económicas del deudor.
¿Cómo se trata legalmente el delito de difamación política en Argentina?
La difamación política en Argentina está sujeta a las leyes de difamación, que buscan proteger la reputación de los funcionarios públicos y políticos. Se pueden presentar demandas civiles y, en casos graves, se pueden imponer sanciones penales por la difusión de información falsa que perjudique la imagen de una figura política.
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