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¿Cómo se tramita el divorcio en Argentina?
El trámite de divorcio en Argentina requiere la presentación de una demanda de divorcio ante un juzgado de familia. Ambas partes deben contar con abogados, y se puede optar por un divorcio de mutuo acuerdo o contencioso. Es necesario presentar acuerdos sobre la división de bienes y la custodia de hijos, si los hay. El proceso judicial incluye audiencias y la emisión de una sentencia de divorcio por parte del juez.
¿Puede un embargo afectar a bienes que están bajo un fideicomiso financiero en Argentina?
Los bienes bajo un fideicomiso financiero pueden ser objeto de embargo, y el proceso implica la identificación de los bienes fideicomitidos y la anotación de la medida en registros especializados.
¿Cómo se regulan las obligaciones de información y transparencia en un contrato de venta de acciones en Argentina?
En contratos de venta de acciones en Argentina, las obligaciones de información y transparencia deben ser claras. Esto puede incluir disposiciones que requieran la divulgación de información financiera, operativa y legal relevante antes de la conclusión de la venta.
¿Cómo se promueve la diversidad y la inclusión en la selección de contratistas para proyectos gubernamentales en Argentina?
La diversidad e inclusión se promueven a través de criterios específicos en los procesos de licitación que consideran la diversidad de género, la participación de minorías y la igualdad de oportunidades. Los contratistas son evaluados no solo por su capacidad técnica, sino también por su compromiso con la diversidad.
¿Cómo afectan los antecedentes judiciales a la participación en procesos electorales como candidato en Argentina?
Los antecedentes judiciales pueden ser evaluados en el proceso de candidatura, y ciertos delitos graves pueden resultar en la inelegibilidad.
¿Cómo se promueve la transparencia en la toma de decisiones sobre la contratación gubernamental en Argentina?
La transparencia se promueve mediante la publicación de información sobre procesos de licitación, evaluaciones de propuestas y decisiones de adjudicación. Además, se establecen mecanismos de apelación y se fomenta la participación ciudadana para supervisar y cuestionar la transparencia en la toma de decisiones.
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