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¿Qué sucede si la propiedad arrendada sufre daños por acciones de terceros en Argentina?
En caso de daños causados por terceros, la responsabilidad por las reparaciones suele recaer en el arrendador, a menos que el arrendatario sea culpable de negligencia o incumplimiento contractual.
¿Cómo se aborda la supervisión de PEP en el ámbito de la vivienda y el desarrollo urbano en Argentina?
La supervisión de PEP en el ámbito de la vivienda y el desarrollo urbano en Argentina se aborda mediante la implementación de regulaciones que promueven la transparencia y la equidad en el acceso a la vivienda. Se establecen políticas que evitan la influencia indebida en la asignación de recursos para el desarrollo urbano. La divulgación proactiva de posibles conexiones con PEP en proyectos de vivienda es esencial para mantener la integridad. Además, se promueve la participación ciudadana en la supervisión de estas políticas y se establecen sanciones en caso de detectarse prácticas indebidas. La revisión constante de los proyectos y la aplicación rigurosa de medidas éticas contribuyen a garantizar la integridad en el ámbito de la vivienda y el desarrollo urbano.
¿Cómo se determina la cuantía de las pensiones alimenticias en casos de progenitores con horarios laborales irregulares en Argentina?
En casos de progenitores con horarios laborales irregulares en Argentina, el tribunal puede considerar la variabilidad de los horarios al determinar la cuantía de las pensiones alimenticias. Se deben presentar pruebas detalladas de los horarios laborales y la capacidad financiera del progenitor. El tribunal evaluará la situación y determinará la cuantía de las pensiones alimenticias considerando la irregularidad de los horarios laborales. La transparencia en la presentación de pruebas y la cooperación con el tribunal son fundamentales para asegurar una determinación justa y equitativa de las pensiones alimenticias en casos de horarios laborales irregulares.
¿Cómo afecta la falta de reconocimiento de derechos laborales durante situaciones de crisis, como la pandemia, a las demandas laborales en Argentina?
La falta de reconocimiento de derechos laborales durante situaciones de crisis, como la pandemia, puede dar lugar a demandas en Argentina. Los empleadores deben adaptarse a circunstancias excepcionales de manera justa y respetuosa de los derechos de los empleados. Los empleados afectados por la falta de reconocimiento de derechos durante crisis pueden presentar demandas buscando reparación y compensación por perjuicios. Las demandas pueden abordar aspectos como la falta de medidas de seguridad en el trabajo, la reducción injustificada de salarios y otros temas relacionados con la crisis. La documentación detallada de las decisiones tomadas durante la crisis, comunicaciones escritas y registros de empleo es esencial para respaldar las demandas relacionadas con la falta de reconocimiento de derechos laborales durante situaciones de crisis. Los empleadores deben seguir las normativas vigentes y tomar medidas equitativas para garantizar el bienestar de los empleados en momentos difíciles.
¿Cuáles son los riesgos relacionados con la calidad de la infraestructura y servicios públicos en Argentina y cómo pueden las empresas garantizar la continuidad operativa?
La calidad de la infraestructura y servicios públicos puede afectar la operatividad de las empresas. Implementar medidas de contingencia, como generadores de energía y sistemas de respaldo, puede ayudar a mitigar los riesgos asociados con interrupciones en los servicios públicos. Además, participar en diálogos con autoridades locales y contribuir al desarrollo de infraestructura pueden mejorar la resiliencia de las operaciones ante posibles problemas en la infraestructura y servicios públicos.
¿Cuál es la edad límite para recibir pensiones alimenticias en Argentina?
En Argentina, la edad límite para recibir pensiones alimenticias generalmente se extiende hasta que los hijos alcanzan la mayoría de edad, que es a los 18 años. Sin embargo, si los hijos continúan estudiando, la obligación puede extenderse hasta que completen su educación superior o hasta los 21 años. En casos de hijos con discapacidad, la obligación puede continuar más allá de la mayoría de edad, según las necesidades específicas de la persona con discapacidad.
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