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¿Cuáles son las leyes y regulaciones que rigen los embargos en Argentina?
En Argentina, los embargos están regulados por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, específicamente en los artículos XX a XX.
¿Cómo afecta la situación política en Argentina a la debida diligencia?
La situación política en Argentina puede tener un impacto significativo en las operaciones comerciales. Durante la debida diligencia, es esencial evaluar la estabilidad política y comprender cómo los cambios en la administración gubernamental pueden influir en las regulaciones comerciales, las políticas económicas y la seguridad jurídica. Esto proporciona una visión crítica para anticipar posibles cambios en el entorno empresarial.
¿Cuál es el proceso para embargar bienes que están bajo un contrato de sociedad de hecho en Argentina?
Embargar bienes bajo un contrato de sociedad de hecho implica identificar las partes involucradas y anotar la medida en los registros correspondientes, considerando las particularidades de la sociedad de hecho.
¿Es posible obtener el DNI para un niño adoptado por ciudadanos argentinos que residen en el extranjero?
Sí, los ciudadanos argentinos que residen en el extranjero pueden tramitar el DNI para un niño adoptado. Deben presentar la documentación correspondiente en consulados y embajadas argentinas, cumplir con los requisitos establecidos y abonar las tasas correspondientes para garantizar la identificación del niño adoptado.
¿Cuál es el papel de las asociaciones industriales en la autorregulación de la ética de los contratistas en Argentina?
Las asociaciones industriales desempeñan un papel activo en la autorregulación ética al establecer códigos de conducta y prácticas recomendadas. Colaboran con el gobierno para garantizar que los contratistas cumplan con estándares éticos y promueven la autorregulación como parte integral de la cultura empresarial.
¿Cómo se promueve la cooperación entre el sector privado y el público en la lucha contra el lavado de activos en Argentina?
En Argentina, se fomenta la colaboración entre el sector privado y público para combatir el lavado de activos. Las instituciones financieras comparten información con las autoridades, y se establecen mecanismos de comunicación efectiva. Además, se realizan programas de capacitación conjunta para mejorar la conciencia y la capacidad de respuesta en la detección temprana de actividades sospechosas.
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