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¿Cómo se aborda legalmente el delito de estafa en Argentina?
La estafa en Argentina está penalizada por leyes que buscan prevenir y sancionar el engaño con el objetivo de obtener un beneficio indebido. Se imponen sanciones a quienes realizan prácticas fraudulentas, protegiendo a las personas y garantizando la honestidad en las transacciones.
¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la supervisión de las actividades de las PEP en Argentina?
La sociedad civil juega un papel crucial en la supervisión de las actividades de las PEP en Argentina. La participación ciudadana se fomenta para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública. Organizaciones no gubernamentales y ciudadanos individuales pueden contribuir a la identificación de posibles irregularidades y presionar por investigaciones más exhaustivas. Este involucramiento activo de la sociedad civil complementa las medidas gubernamentales y refuerza la responsabilidad de las PEP ante la población.
¿Cuál es el impacto de un embargo sobre bienes que están bajo un contrato de leasing financiero con opción a compra en Argentina?
Un embargo sobre bienes bajo un contrato de leasing financiero con opción a compra puede afectar la opción de compra, ya que la ejecución de la garantía podría interferir con la transferencia de propiedad.
¿Cuáles son las leyes relacionadas con el delito de piratería informática en Argentina?
La piratería informática, o ciberdelito, en Argentina está regulada por leyes específicas que prohíben el acceso no autorizado a sistemas informáticos, el robo de datos y otras actividades delictivas en línea. Se buscan sanciones para aquellos que participan en estas prácticas.
¿Puede el arrendador retener el depósito de garantía por daños menores en Argentina?
El arrendador no puede retener el depósito por daños menores, y estos deben ser razonables y justificados para descontarse del depósito.
¿Existen incentivos para que los contratistas implementen prácticas de contratación inclusivas y socialmente responsables en Argentina?
Sí, se otorgan incentivos a los contratistas que implementan prácticas de contratación inclusivas y socialmente responsables, como bonificaciones en la evaluación de propuestas y la consideración positiva en procesos de licitación. Esto fomenta el compromiso con la responsabilidad social corporativa.
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