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¿Cuáles son los derechos del arrendador en caso de impago de alquiler en Argentina?
En caso de impago, el arrendador puede iniciar acciones legales para el desalojo y recuperación de los pagos atrasados, siguiendo los procedimientos establecidos por la ley.
¿Cuáles son los requisitos clave para la implementación de un programa de cumplimiento normativo efectivo en empresas argentinas?
La implementación de un programa de cumplimiento normativo efectivo en Argentina implica la identificación y evaluación de riesgos, la creación de políticas y procedimientos claros, la capacitación continua de empleados, la realización de auditorías internas y la respuesta rápida a posibles violaciones normativas.
¿Cómo aborda la diversidad cultural al seleccionar personal en Argentina?
La diversidad cultural es esencial en Argentina, dado su perfil multicultural. Se busca evaluar la capacidad del candidato para trabajar en un entorno diverso, respetando las diferencias y contribuyendo a un ambiente inclusivo.
¿Cómo aborda la evaluación de la capacidad del candidato para liderar la implementación de estrategias de ciberseguridad en el sector energético, considerando la importancia de proteger infraestructuras críticas en Argentina?
La ciberseguridad en el sector energético es crítica. Se busca comprender cómo el candidato lidera proyectos de ciberseguridad, su comprensión de amenazas específicas en el sector energético argentino y su contribución para garantizar la protección de infraestructuras críticas.
¿Existe un plazo máximo para la devolución del depósito de garantía al finalizar el contrato en Argentina?
El arrendador tiene un plazo de 15 días hábiles para devolver el depósito de garantía después de la entrega de las llaves, descontando los montos justificados.
¿Puede un tercero ser responsable de pagar las pensiones alimenticias en lugar del deudor en Argentina?
En circunstancias excepcionales, un tercero puede ser considerado responsable de pagar las pensiones alimenticias en lugar del deudor en Argentina. Esto puede ocurrir si el tribunal determina que el tercero tiene la capacidad económica para asumir la responsabilidad y que es necesario para garantizar el bienestar de los beneficiarios. Esta situación suele requerir una revisión exhaustiva por parte del tribunal para evaluar la viabilidad y la equidad de tal disposición.
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