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¿Cuál es la normativa sobre el plazo de preaviso para el no renovar el contrato en Argentina?
Tanto el arrendador como el arrendatario deben notificar su intención de no renovar el contrato con un plazo mínimo de 60 días antes del vencimiento del contrato.
¿Puede el arrendatario realizar cambios en la fachada de la propiedad arrendada en Argentina?
Realizar cambios en la fachada generalmente requiere el consentimiento del arrendador, ya que puede afectar la apariencia y valor de la propiedad. Esto debe establecerse en el contrato.
¿Cómo pueden las empresas de tecnología en Argentina fomentar un entorno de trabajo inclusivo para empleados con antecedentes disciplinarios?
Las empresas de tecnología en Argentina pueden fomentar un entorno de trabajo inclusivo para empleados con antecedentes disciplinarios mediante la implementación de políticas de diversidad e inclusión, programas de sensibilización y la creación de un entorno laboral que promueva la igualdad de oportunidades y el crecimiento profesional para todos los empleados.
¿Existen programas de intercambio cultural entre escritores y poetas argentinos y comunidades literarias en España?
Sí, existen programas de intercambio cultural entre escritores y poetas argentinos y comunidades literarias en España. Pueden participar en encuentros literarios, residencias de escritores y proyectos que fomenten el intercambio literario y cultural.
¿Existen oportunidades para ciudadanos argentinos que desean trabajar en el ámbito de la investigación oceanográfica en España?
Sí, existen oportunidades para ciudadanos argentinos que desean trabajar en el ámbito de la investigación oceanográfica en España. Pueden colaborar con instituciones científicas, participar en proyectos de investigación marina y contribuir al avance del conocimiento en esta área.
¿Cuáles son las leyes relacionadas con el delito de enriquecimiento ilícito en Argentina?
El enriquecimiento ilícito en Argentina está penalizado por leyes que buscan prevenir y sancionar el aumento injustificado del patrimonio de funcionarios públicos. Se imponen sanciones económicas y penas de prisión para aquellos que no pueden justificar su incremento patrimonial.
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