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¿Cuál es el procedimiento para la declaración de interdicción en Argentina?
La declaración de interdicción en Argentina se realiza a través de un proceso judicial. Se debe presentar una solicitud fundamentada, demostrando la incapacidad de la persona para cuidar de sus propios asuntos. El tribunal evaluará la situación y, si es necesario, designará un curador para representar legalmente a la persona declarada interdicta.
¿Qué derechos tienen las personas con antecedentes judiciales en Argentina en caso de discriminación laboral?
Las personas con antecedentes judiciales tienen derechos contra la discriminación laboral, y pueden presentar quejas y reclamos si experimentan trato injusto en el ámbito laboral.
¿Cuáles son los derechos del arrendatario en caso de venta de la propiedad arrendada en Argentina?
En caso de venta, el arrendatario tiene el derecho de permanecer en la propiedad hasta el vencimiento del contrato, a menos que ambas partes acuerden la rescisión anticipada.
¿Cuál es la responsabilidad de las empresas en Argentina en términos de inclusión y diversidad, y cómo pueden integrar estas consideraciones en sus programas de cumplimiento normativo?
La inclusión y diversidad son aspectos importantes del cumplimiento normativo en Argentina. Las empresas deben garantizar prácticas de contratación justas, promover un entorno de trabajo inclusivo y proporcionar oportunidades equitativas de desarrollo profesional. Integrar políticas específicas de inclusión y diversidad en los programas de cumplimiento, así como la realización de capacitaciones periódicas sobre estas cuestiones, son pasos clave para cumplir con las expectativas y regulaciones en este ámbito.
¿Cuál es la normativa sobre el plazo de preaviso para el no renovar el contrato en Argentina?
Tanto el arrendador como el arrendatario deben notificar su intención de no renovar el contrato con un plazo mínimo de 60 días antes del vencimiento del contrato.
¿Cómo se notifica a un deudor sobre un embargo en Argentina?
La notificación se realiza a través de un oficial de justicia o mediante edictos judiciales publicados en el Boletín Oficial, asegurando que el deudor tenga conocimiento de la medida.
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