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¿Cómo aborda la evaluación de la capacidad del candidato para liderar proyectos de innovación en la industria agropecuaria, considerando la relevancia de la agroindustria en Argentina?
La innovación en la agroindustria es esencial. Se busca comprender cómo el candidato lidera proyectos de innovación en el sector agropecuario, su comprensión de las necesidades del campo y su contribución para mejorar la productividad y sostenibilidad en la industria agrícola argentina.
¿Cuál es la regulación fiscal para las transacciones de bienes raíces en Argentina?
Las transacciones de bienes raíces están sujetas al Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI). La ganancia de capital generada por la venta de propiedades también está sujeta al Impuesto a las Ganancias.
¿Es posible solicitar planes de pago para regularizar deudas fiscales en Argentina?
Sí, la AFIP suele ofrecer planes de pago para regularizar deudas impositivas. Estos planes permiten a los contribuyentes refinanciar sus deudas con plazos y condiciones especiales.
¿Cómo se incentiva la denuncia ciudadana de posibles prácticas éticas indebidas por parte de contratistas en Argentina?
Se implementan campañas de concientización y canales de denuncia anónima para fomentar la participación ciudadana en la detección de prácticas éticas indebidas. Los denunciantes pueden recibir protección legal y se promueve una cultura de integridad que valora la contribución ciudadana a la transparencia.
¿Existen programas de capacitación obligatoria en ética y cumplimiento para contratistas en Argentina?
Sí, se requiere que los contratistas participen en programas de capacitación obligatoria en ética y cumplimiento como parte de los requisitos para participar en licitaciones gubernamentales. Estos programas abordan temas como prevención de corrupción, conflictos de interés y prácticas comerciales éticas.
¿Cómo se trata legalmente el delito de difamación política en Argentina?
La difamación política en Argentina está sujeta a las leyes de difamación, que buscan proteger la reputación de los funcionarios públicos y políticos. Se pueden presentar demandas civiles y, en casos graves, se pueden imponer sanciones penales por la difusión de información falsa que perjudique la imagen de una figura política.
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