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¿Cuáles son los plazos y limitaciones para presentar una demanda laboral en Argentina?
En Argentina, los plazos para presentar una demanda laboral varían según la naturaleza de la reclamación. Por ejemplo, en casos de despido, el empleado generalmente tiene un plazo de dos años desde la fecha del despido para presentar la demanda. Es crucial conocer estos plazos, ya que su incumplimiento puede resultar en la pérdida de derechos legales.
¿Cómo se aborda la participación de pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en proyectos gubernamentales en Argentina?
La participación de PYMEs se aborda mediante la simplificación de procesos de licitación, la segmentación de proyectos y la asignación de cuotas preferenciales. Se busca reducir barreras para que las PYMEs participen y contribuyan a la competencia y diversidad en la contratación pública.
¿Cuál es la normativa sobre el reembolso de mejoras realizadas por el arrendatario al finalizar el contrato en Argentina?
El reembolso por mejoras realizadas por el arrendatario al finalizar el contrato depende de los términos específicos del contrato y si se acuerda previamente entre las partes.
¿Cuánto tiempo tarda el proceso de verificación de antecedentes en Argentina?
El tiempo para la verificación de antecedentes en Argentina puede variar según el tipo de antecedentes y la entidad encargada. En general, la verificación de antecedentes penales puede demorar unos días, mientras que la laboral puede depender del tiempo que tarde en obtenerse la información de los empleadores anteriores.
¿Cómo se determina la capacidad económica en casos de cuota alimentaria en Argentina?
La determinación de la capacidad económica en casos de cuota alimentaria en Argentina se basa en la evaluación de los ingresos y gastos de cada progenitor. Se busca garantizar que la cuota alimentaria sea justa y proporcional a la capacidad de pago de cada parte, considerando las necesidades del beneficiario.
¿Puede el arrendador retener el depósito de garantía por falta de pago de servicios públicos en Argentina?
El arrendador puede retener el depósito de garantía si el arrendatario no paga los servicios públicos, siempre y cuando esta posibilidad esté especificada en el contrato.
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