ALFREDO MONTOYA CALDERON - 1202

Perfil del Funcionario Público Alfredo Montoya Calderon

Rol FUNCIONARIO PÚBLICO
Entidad GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Fecha 30/08/2023
País BOLIVIA

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¿Cómo afectan los embargos a la investigación y desarrollo de tecnologías para la gestión sostenible de la industria de la informática en Bolivia?

Los embargos pueden afectar la investigación y desarrollo de tecnologías para la gestión sostenible de la industria de la informática en Bolivia, impactando en la promoción de prácticas éticas en la fabricación de dispositivos electrónicos, tecnologías de reciclaje de equipos informáticos y programas de educación en prácticas informáticas responsables. Proyectos destinados a sistemas de informática sostenible, tecnologías de gestión de residuos electrónicos y programas de educación en ética informática pueden estar en riesgo durante embargos. Durante este periodo, es crucial implementar medidas cautelares que permitan la continuidad de iniciativas para garantizar la reducción del impacto ambiental en la producción de dispositivos electrónicos y fomentar prácticas más sostenibles en la industria. La colaboración con entidades informáticas, la revisión de políticas de producción informática sostenible y la promoción de inversiones en tecnologías para la informática responsable son fundamentales para abordar embargos en este sector y contribuir a la reducción de desechos electrónicos y la promoción de la innovación tecnológica en Bolivia.

¿Cómo se abordan los casos de matrimonio infantil en Bolivia?

Bolivia prohíbe el matrimonio infantil, estableciendo una edad mínima para contraer matrimonio. Los casos de matrimonio infantil se abordan mediante acciones legales para anular o disolver el matrimonio, protegiendo así los derechos de los menores involucrados.

¿Cómo se puede abordar la verificación de antecedentes en casos de candidatos extranjeros que han trabajado en Bolivia?

Para candidatos extranjeros que han trabajado en Bolivia, la verificación implica coordinar con autoridades laborales bolivianas y utilizar servicios internacionales especializados para validar la información laboral y educativa.

¿Cuál es la diferencia entre un contrato de arrendamiento y un contrato de usufructo en Bolivia?

La diferencia principal entre un contrato de arrendamiento y un contrato de usufructo en Bolivia radica en la naturaleza de los derechos otorgados sobre el inmueble. En un contrato de arrendamiento, el arrendador transfiere al arrendatario el derecho de uso y disfrute del inmueble a cambio de un pago de alquiler, pero el arrendador retiene la propiedad del mismo. En cambio, en un contrato de usufructo, el usufructuario recibe el derecho de usar y disfrutar del inmueble como si fuera el propietario, incluyendo la posibilidad de percibir rentas o beneficios derivados del mismo, pero sin ser propietario legal. Es importante entender estas diferencias para seleccionar el tipo de contrato adecuado según las necesidades y preferencias de las partes involucradas.

¿Cómo pueden las empresas bolivianas gestionar los riesgos asociados con la cadena de suministro internacional y qué medidas deben tomar para garantizar la ética y la conformidad con las leyes locales y extranjeras?

La gestión de riesgos en la cadena de suministro internacional implica evaluar proveedores, cumplir con regulaciones aduaneras y garantizar la ética en todas las transacciones. Las empresas deben implementar códigos de conducta para proveedores, realizar auditorías de cadena de suministro y mantener una comunicación constante. La capacitación en comercio internacional y la colaboración con expertos en regulaciones internacionales son pasos esenciales para gestionar eficazmente los riesgos asociados con la cadena de suministro internacional en Bolivia.

¿Cuál es la relación entre la corrupción vinculada a PEP y la violación de derechos humanos en Bolivia?

La corrupción vinculada a Personas Expuestas Políticamente (PEP) puede tener una relación directa con la violación de derechos humanos en Bolivia. Los recursos desviados a través de prácticas corruptas pueden afectar la provisión de servicios básicos, impactando negativamente en los derechos fundamentales de la población, como la salud, la educación y el acceso a la justicia.

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