CARLOS EDUARDO DELGADO VELASQUEZ - 32737

Perfil del Funcionario Público Carlos Eduardo Delgado Velasquez

Rol FUNCIONARIO PÚBLICO
Entidad TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
Fecha 27/09/2023
País BOLIVIA

Artículos recomendados

¿Cuál es el impacto de los antecedentes judiciales en el acceso a programas de ayuda social y alimentaria en Bolivia?

En el acceso a programas de ayuda social y alimentaria en Bolivia, los antecedentes judiciales generalmente no son un criterio relevante. Estos programas suelen centrarse en criterios socioeconómicos. Sin embargo, es esencial revisar las políticas específicas de cada programa para entender cómo se evalúa la elegibilidad. En casos de dudas, buscar asesoramiento legal y social puede ser beneficioso para obtener claridad sobre la participación en programas de ayuda social.

¿Cómo se lleva a cabo el proceso de divorcio en Bolivia?

El divorcio en Bolivia puede ser de mutuo acuerdo o contencioso. En el caso de un divorcio de mutuo acuerdo, las partes presentan una solicitud conjunta y llegan a un acuerdo sobre la división de bienes y la custodia de los hijos. En el divorcio contencioso, una de las partes presenta la demanda y el proceso puede ser más complejo, involucrando audiencias judiciales. El juez determinará la pensión alimentaria, la división de bienes y otros aspectos según las circunstancias específicas del caso.

¿Qué estrategias se han implementado para combatir el lavado de activos en el sector inmobiliario en Bolivia?

Dada la vulnerabilidad del sector inmobiliario al lavado de activos, Bolivia ha implementado estrategias específicas. Se requiere una debida diligencia más rigurosa en transacciones inmobiliarias, con la obligación de reportar transacciones significativas. Además, se han establecido controles para prevenir el uso de propiedades como instrumentos para lavar dinero, contribuyendo a la transparencia en este sector.

¿Cuáles son los indicadores clave que las instituciones financieras bolivianas deben monitorear para identificar transacciones sospechosas?

Las instituciones financieras deben estar alerta a indicadores como transacciones inusuales en términos de monto, frecuencia o patrones, así como operaciones que no se ajusten al perfil típico del cliente.

¿Cómo pueden las instituciones financieras en Bolivia mitigar los riesgos asociados con la externalización de procesos de KYC a terceros proveedores de servicios?

Las instituciones financieras en Bolivia pueden mitigar los riesgos asociados con la externalización de procesos de KYC a terceros proveedores de servicios mediante la implementación de medidas de control y supervisión adecuadas. La externalización de procesos de KYC a terceros proveedores de servicios, como empresas de verificación de identidad o proveedores de tecnología, puede ayudar a mejorar la eficiencia y reducir los costos operativos, pero también puede introducir nuevos riesgos, como la pérdida de control sobre la calidad y seguridad de los datos del cliente. Para mitigar estos riesgos, las instituciones financieras deben realizar una debida diligencia exhaustiva al seleccionar proveedores de servicios externos, evaluar su experiencia y cumplimiento normativo, y establecer contratos claros y detallados que establezcan los estándares y responsabilidades esperados. Además, las instituciones financieras deben implementar controles y mecanismos de supervisión para monitorear continuamente el desempeño y la conformidad de los proveedores de servicios externos, incluida la revisión periódica de informes de cumplimiento y auditorías independientes. Al implementar medidas de control y supervisión efectivas, las instituciones financieras pueden mitigar los riesgos asociados con la externalización de procesos de KYC y proteger la integridad del sistema financiero en Bolivia.

¿Cuáles son las medidas legales para prevenir y sancionar el delito de trata de personas con fines de adopción ilegal en Bolivia?

La trata de personas con fines de adopción ilegal está penalizada en Bolivia por la Ley Contra la Trata y Tráfico de Personas. Esta ley busca prevenir y sancionar la explotación de menores a través de adopciones ilegales, imponiendo penas significativas para los infractores. Además, se promueve un proceso legal transparente y ético en materia de adopciones.

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