ELMER GONZALES CAMACHO - 65288

Perfil del Funcionario Público Elmer Gonzales Camacho

Rol FUNCIONARIO PÚBLICO
Entidad CAJA NACIONAL DE SALUD
Fecha 23/01/2024
País BOLIVIA

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¿Hay algún programa de renovación automática para la cédula de identidad en Bolivia?

No hay un programa de renovación automática; los titulares deben solicitar la renovación en el SEGIP una vez que la cédula esté próxima a vencer.

¿Cómo se manejan los casos en los que la ley nacional y la legislación internacional aplicable pueden entrar en conflicto?

Los casos en los que la ley nacional y la legislación internacional pueden entrar en conflicto se manejan mediante el principio de prevalencia del derecho. Los tribunales bolivianos buscan armonizar ambas fuentes legales en la medida de lo posible. Si hay conflictos irreconciliables, se puede aplicar la jerarquía legal establecida en la Constitución, dando prioridad a la normativa que tenga mayor jerarquía. La correcta interpretación y aplicación de la ley nacional e internacional son esenciales para resolver estos casos y garantizar la coherencia en el sistema judicial.

¿Cuál es el papel de la Defensoría del Pueblo en la supervisión y defensa de los derechos de las partes en un expediente judicial?

La Defensoría del Pueblo en Bolivia desempeña un papel fundamental en la supervisión y defensa de los derechos de las partes en un expediente judicial. Actúa como un organismo independiente encargado de velar por la protección de los derechos humanos y la legalidad. Puede intervenir en casos de presuntas violaciones de derechos, presentar recursos y realizar seguimiento para garantizar que el proceso judicial sea justo y equitativo. La colaboración entre la Defensoría del Pueblo y el sistema judicial contribuye a la salvaguarda de los derechos fundamentales de todas las partes involucradas.

¿Cómo afectan los embargos a la investigación y desarrollo de tecnologías para la gestión sostenible de pesquerías en Bolivia?

Los embargos pueden afectar la investigación y desarrollo de tecnologías para la gestión sostenible de pesquerías en Bolivia, impactando en la conservación de los recursos marinos y el sustento de comunidades pesqueras. Proyectos destinados a sistemas de monitoreo pesquero, tecnologías de pesca selectiva y programas de educación en prácticas sostenibles pueden estar en riesgo. Durante embargos, los tribunales deben aplicar medidas cautelares que permitan la continuidad de proyectos esenciales para la implementación de tecnologías que aborden los desafíos de la pesca sostenible durante el proceso de embargo. La colaboración con entidades pesqueras, la revisión de políticas de conservación marina y la promoción de inversiones en tecnologías para la sostenibilidad pesquera son fundamentales para abordar embargos en este sector y contribuir a la preservación de la biodiversidad marina en Bolivia.

¿Cómo influyen las disposiciones de la Ley 004 de Revocatoria de Mandato en Bolivia en las prácticas de compliance de las empresas y qué medidas deben adoptar para garantizar la transparencia en sus relaciones con el gobierno y la sociedad?

La Ley 004 establece los procedimientos para la revocatoria de mandato en Bolivia. Las empresas deben mantener transparencia en sus relaciones con el gobierno y la sociedad. Esto implica divulgar contribuciones políticas, seguir las regulaciones de lobby y participar de manera ética en procesos políticos. Colaborar con expertos en ética empresarial y establecer políticas internas claras son pasos esenciales para garantizar el cumplimiento con la Ley 004.

¿Cuál es la política de Bolivia con respecto a la inclusión de nuevos sectores económicos en las regulaciones contra el lavado de activos, considerando la evolución de las amenazas financieras?

Bolivia adopta una política proactiva con respecto a la inclusión de nuevos sectores económicos en las regulaciones contra el lavado de activos. Se realizan evaluaciones periódicas de riesgos financieros, y en función de las amenazas emergentes, se ajustan las regulaciones para abarcar nuevos sectores. Esta adaptabilidad asegura que las regulaciones sean relevantes y efectivas en la prevención del lavado de dinero.

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