PATRICIA CHOQUE RENGEL - 62130

Perfil del Funcionario Público Patricia Choque Rengel

Rol FUNCIONARIO PÚBLICO
Entidad SEDES CHUQUISACA
Fecha 07/02/2024
País BOLIVIA

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¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el compliance de las empresas que operan en Bolivia y cómo pueden asegurar que sus procesos de debida diligencia sean efectivos?

La debida diligencia es crucial para evaluar riesgos y garantizar el cumplimiento en Bolivia. Las empresas deben realizar investigaciones exhaustivas antes de asociarse con terceros, ya sea proveedores, clientes o socios comerciales. Esto implica evaluar riesgos legales, financieros y éticos. Establecer protocolos formales de debida diligencia, mantener registros detallados y actualizar regularmente estos procesos son pasos esenciales para asegurar la efectividad de la debida diligencia y mantener la conformidad con las normativas en Bolivia.

¿Cuál es el papel de las instituciones de educación superior en Bolivia en la formación de expertos en la prevención de la financiación del terrorismo, y cómo se puede fortalecer la colaboración entre estas instituciones y el gobierno?

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En Bolivia, un deudor alimentario es una persona que, por mandato judicial, está obligada a proporcionar alimentos a un hijo, cónyuge u otro dependiente y que incumple con esta obligación, lo que puede acarrear consecuencias legales.

¿Cómo ha impactado el embargo en Bolivia en el sector tecnológico, y cuáles son los planes para fomentar la innovación y la adopción de tecnologías a pesar de las restricciones económicas?

El sector tecnológico es vital. Planes podrían incluir incentivos a empresas de tecnología, desarrollo de habilidades digitales y colaboración con instituciones educativas. Analizar estos planes ofrece información sobre la capacidad de Bolivia para mantenerse al tanto en la era digital a pesar de las restricciones económicas.

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Bolivia aborda la corrupción en el sector educativo, especialmente en la selección de proveedores y asignación de recursos, mediante la implementación de mecanismos de transparencia en los procesos de contratación, auditorías regulares y la participación activa de la comunidad educativa en la supervisión de la gestión de recursos.

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