RAUL JAVIER MARCA QUISPE - 86845

Perfil del Funcionario Público Raul Javier Marca Quispe

Rol FUNCIONARIO PÚBLICO
Entidad CAJA NACIONAL DE SALUD
Fecha 30/12/2022
País BOLIVIA

Artículos recomendados

¿Cuáles son las implicaciones de los embargos en el sector agrícola en Bolivia y cómo se protegen los derechos de los agricultores?

Los embargos en el sector agrícola en Bolivia pueden tener implicaciones significativas para la seguridad alimentaria y los derechos de los agricultores. Los tribunales deben considerar medidas que eviten interrupciones en la producción agrícola y protejan los derechos de los agricultores. La evaluación de activos como tierras y equipos agrícolas debe realizarse cuidadosamente, teniendo en cuenta el impacto en la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades rurales.

¿Cómo afectan los embargos a los contratos internacionales en los que participan empresas bolivianas y cuáles son los mecanismos de resolución de disputas aplicables?

Los embargos pueden tener impactos en los contratos internacionales en los que participan empresas bolivianas. Los tribunales deben considerar las implicaciones legales de los embargos en acuerdos internacionales, evaluar cláusulas de fuerza mayor y adoptar medidas cautelares que minimicen los perjuicios para todas las partes involucradas. La aplicación de mecanismos de resolución de disputas, como la mediación internacional o el arbitraje, puede ser una alternativa eficaz para abordar conflictos derivados de embargos en el ámbito de contratos internacionales.

¿Cuál es la política tributaria en Bolivia para promover la investigación y desarrollo en el sector empresarial?

La política tributaria puede incluir incentivos específicos para promover la investigación y desarrollo en el sector empresarial en Bolivia, como créditos fiscales, deducciones especiales o exenciones para gastos de I+D.

¿Cuáles son las implicaciones legales de no realizar verificaciones de antecedentes penales en Bolivia?

No realizar verificaciones de antecedentes penales en Bolivia puede tener varias implicaciones legales para las empresas, especialmente si contratan a individuos con antecedentes penales que representan un riesgo para la seguridad y el bienestar de la organización y sus empleados. En primer lugar, podría exponer a la empresa a posibles demandas por negligencia en la contratación si un empleado con antecedentes penales causa daño a la empresa, a sus empleados o a terceros. Además, podría resultar en sanciones y multas por parte de las autoridades competentes por incumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables en materia de seguridad laboral y protección de datos. Asimismo, podría afectar negativamente la reputación y la imagen de la empresa si se descubre que ha contratado a individuos con antecedentes penales graves que podrían haber sido identificados mediante una verificación adecuada. En resumen, no realizar verificaciones de antecedentes penales puede tener serias implicaciones legales y reputacionales para las empresas en Bolivia, destacando la importancia de implementar prácticas de contratación responsables y éticas.

¿Cómo pueden las empresas bolivianas garantizar la ética y cumplir con las disposiciones de la Ley 1336 de Desarrollo Integral de la Juventud en Bolivia, promoviendo oportunidades de empleo y capacitación para jóvenes?

La Ley 1336 busca el desarrollo integral de la juventud en Bolivia. Las empresas deben garantizar la ética y promover oportunidades para jóvenes en el empleo y capacitación. Esto implica establecer programas de desarrollo profesional, participar en iniciativas de educación y formación, y ofrecer igualdad de oportunidades. La colaboración con instituciones educativas, la participación en ferias de empleo juvenil y el establecimiento de políticas de inclusión son estrategias clave para cumplir con la Ley 1336.

¿Cómo se abordan legalmente los delitos de odio en Bolivia?

Los delitos de odio en Bolivia están prohibidos y penalizados por la Ley N° 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Esta ley busca prevenir y sancionar actos que promuevan la discriminación y el odio basado en la raza, etnia, género u orientación sexual. Las sanciones pueden incluir penas de prisión y multas.

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