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¿Cuáles son las consecuencias fiscales para un deudor alimentario en Chile?
En Chile, las pensiones de alimentos no son deducibles de impuestos para el deudor y no son considerados ingreso para el beneficiario. Sin embargo, es importante cumplir con las obligaciones de alimentos para evitar sanciones legales y financieras.
¿Qué información debe incluirse en la descripción del bien o servicio en un contrato de venta en Chile?
La descripción del bien o servicio en un contrato de venta en Chile debe ser detallada y precisa, incluyendo características, cantidades, calidad, marcas o especificaciones técnicas pertinentes. Esto ayuda a evitar malentendidos futuros.
¿Puede un contrato de venta en Chile especificar plazos de pago y penalizaciones por pagos atrasados?
Sí, un contrato de venta en Chile puede especificar plazos de pago y penalizaciones por pagos atrasados. Estas cláusulas son comunes y ayudan a garantizar que las partes cumplan con sus obligaciones de pago de manera oportuna. Las penalizaciones por pagos atrasados deben ser razonables y proporcionales.
¿Qué sucede si el arrendador quiere vender la propiedad durante el contrato de arriendo en Chile?
Si el arrendador quiere vender la propiedad durante el contrato de Arriendo, generalmente debe respetar el derecho de preferencia del arrendatario, que le permite comprarla en igualdad de condiciones que un tercero.
¿Qué sucede si un deudor alimentario en Chile se muda al extranjero para evadir su responsabilidad de pagar alimentos?
Si un deudor alimentario se muda al extranjero para evadir su responsabilidad, la sentencia de alimentos se puede ejecutar en el extranjero a través de convenios internacionales. El beneficiario puede solicitar la cooperación de las autoridades extranjeras para hacer cumplir la sentencia.
¿Qué sanciones se aplican a las instituciones financieras en Chile que no cumplan con las regulaciones relacionadas con las PEP?
Las instituciones financieras en Chile que no cumplen con las regulaciones relacionadas con las PEP pueden enfrentar sanciones que incluyen multas, revocación de licencias y daño a su reputación. Estas sanciones se aplican para garantizar la debida diligencia en la prevención del lavado de dinero.
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