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¿Qué medidas de prevención existen en Chile para evitar la divulgación no autorizada de antecedentes judiciales?
En Chile, se aplican medidas de prevención para evitar la divulgación no autorizada de antecedentes judiciales. Esto incluye el acceso restringido a las bases de datos de antecedentes, la capacitación de personal en la protección de datos y la supervisión de las consultas de antecedentes para garantizar que sean legales y autorizadas. Las sanciones legales por uso indebido también actúan como disuasión.
¿Qué es el delito de incendio intencional en Chile y cuál es la pena?
El incendio intencional en Chile implica prender fuego a un lugar de forma deliberada y puede conllevar penas de prisión, especialmente si hay daño a personas.
¿Puede un deudor solicitar la conversión de la deuda en una moneda extranjera en lugar de enfrentar un embargo en Chile?
La conversión de la deuda en una moneda extranjera puede ser una opción en ciertos casos, dependiendo de los términos del contrato de deuda y la legislación aplicable.
¿Cómo se verifica la autenticidad de una cédula de identidad chilena?
La autenticidad de una cédula de identidad chilena se verifica a través de la revisión de elementos de seguridad, como hologramas, marcas de agua y códigos de barras. Además, los funcionarios pueden usar la Clave Única para corroborar la identidad del titular.
¿Cuál es el impacto del KYC en la prevención de fraudes relacionados con transacciones en línea y el comercio electrónico en Chile?
El KYC desempeña un papel esencial en la prevención de fraudes en transacciones en línea y el comercio electrónico en Chile al verificar la identidad de los usuarios y garantizar que las transacciones sean seguras y legítimas.
¿Cuál es el proceso para notificar una terminación anticipada del contrato por razones de necesidad personal en Chile?
Para notificar una terminación anticipada del contrato por razones de necesidad personal, el arrendador generalmente debe enviar una notificación por escrito al arrendatario con una anticipación de 30, 60 o 90 días, según lo establecido en el contrato o por la ley local.
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