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¿Qué pasa si un cliente proporciona información falsa o engañosa durante el proceso KYC en Chile?
Si un cliente proporciona información falsa o engañosa durante el proceso KYC en Chile, la institución financiera puede tomar medidas legales, incluyendo la cancelación de cuentas, además de informar a las autoridades correspondientes si se sospecha de actividades ilícitas.
¿Qué es el Formulario 29 en Chile y quiénes deben presentarlo?
El Formulario 29 es una declaración mensual que deben presentar los contribuyentes en Chile para informar sobre sus ventas y compras, y calcular el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Está destinado a empresas y personas que realizan actividades comerciales sujetas al IVA. La presentación es obligatoria.
¿Cómo se relaciona el cumplimiento normativo con la ética empresarial en Chile?
El cumplimiento normativo y la ética empresarial están estrechamente relacionados en Chile, ya que el cumplimiento de las leyes y regulaciones éticas es esencial para construir una reputación sólida y mantener la confianza de los stakeholders.
¿Cuáles son las opciones disponibles para el deudor después de un embargo en Chile?
Después de un embargo, el deudor puede buscar opciones como la renegociación de la deuda, la declaración de insolvencia personal o la reorganización financiera.
¿Cuál es el proceso de liberación de bienes embargados en caso de liquidación de la deuda en Chile?
En caso de liquidación de la deuda, la liberación de bienes embargados puede requerir la confirmación del tribunal y la distribución de los activos entre los acreedores de acuerdo con la ley.
¿Cómo se promueve la colaboración entre el sector público y el privado en la verificación en listas de riesgos en Chile?
La colaboración entre el sector público y el privado es fundamental en la verificación en listas de riesgos en Chile. Las autoridades reguladoras, como la SBIF y la UAF, trabajan en estrecha colaboración con empresas y entidades financieras para establecer regulaciones efectivas y garantizar el cumplimiento. Esto implica la comunicación regular, el intercambio de información relevante y la cooperación en investigaciones y casos de cumplimiento. La colaboración entre el sector público y el privado es esencial para abordar de manera efectiva las amenazas relacionadas con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros riesgos financieros en el país.
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