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¿Cuáles son las consecuencias legales de no pagar la pensión alimenticia en Chile?
No pagar la pensión alimenticia en Chile puede resultar en sanciones legales, como la retención de sueldos o la imposición de multas. El tribunal puede tomar medidas para garantizar el cumplimiento de la pensión.
¿Puede el arrendador cambiar los términos del contrato de llegada por razones de seguridad en Chile?
El arrendador puede cambiar los términos del contrato por razones de seguridad, pero generalmente debe notificar al arrendatario con anticipación y obtener el consentimiento del arrendatario o seguir los procedimientos legales correspondientes.
¿Qué sucede si el deudor alimentario en Chile no puede pagar la pensión de alimentos debido a un desastre natural u otra emergencia?
Si el deudor alimentario en Chile no puede pagar la pensión de alimentos debido a un desastre natural u otra emergencia, debe notificar al tribunal y al beneficiario sobre su situación. El tribunal evaluará la situación y podría establecer un plan de pagos o reducir la pensión de acuerdo a la nueva capacidad de pago del deudor.
¿Puede el arrendatario solicitar un cambio en los términos del contrato después de la firma en Chile?
El arrendatario puede solicitar un cambio en los términos del contrato después de la firma, pero el arrendador no está obligado a aceptar. Cualquier cambio debe ser acordado y registrado por escrito en una modificación del contrato.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el cumplimiento en Chile?
La debida diligencia en el cumplimiento chileno es esencial para prevenir riesgos legales y éticos asociados con terceros. Las empresas deben investigar a sus proveedores, socios comerciales y clientes para garantizar que cumplan con las normativas y no estén involucrados en actividades ilícitas. Esto ayuda a evitar la asociación con partes que puedan dañar la reputación o generar sanciones.
¿Cómo se previene el lavado de dinero en el sector de la construcción en Chile?
Chile ha implementado regulaciones específicas para prevenir el lavado de dinero en el sector de la construcción, que incluyen la identificación de contratistas y la obligación de informar sobre transacciones sospechosas en proyectos de construcción.
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