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¿Cómo se resuelven los casos de acoso laboral en Chile?
Los casos de acoso laboral en Chile se resuelven a través de procesos judiciales y pueden resultar en sanciones para el acosador y medidas de protección para la víctima.
¿Cómo se promueve la responsabilidad social empresarial (RSE) en el cumplimiento en Chile?
La responsabilidad social empresarial (RSE) se promueve en el cumplimiento chileno a través de prácticas comerciales éticas, respeto por los derechos humanos, cuidado del medio ambiente y contribuciones a la comunidad. Las empresas pueden incorporar principios de RSE en sus políticas de cumplimiento para crear un impacto positivo en la sociedad.
¿Cómo se resuelven los casos de delitos de corrupción en el sistema judicial chileno?
Los casos de delitos de corrupción en Chile se investigan y juzgan a través de procesos judiciales que buscan identificar a los corruptos y aplicar sanciones penales, además de la recuperación de activos malversados.
¿Puede un extranjero ser deportado de Chile debido a antecedentes judiciales en su país de origen?
Sí, un extranjero en Chile puede ser deportado debido a antecedentes judiciales en su país de origen o en otros países. La Dirección de Extranjería y Migración de Chile puede considerar estos antecedentes al tomar decisiones sobre el estatus migratorio. Es importante tener en cuenta que las leyes de inmigración pueden variar según el país de origen.
¿Puede el arrendador retener el depósito de garantía para cubrir el arriendo impago en Chile?
El arrendador generalmente no puede retener el depósito de garantía para cubrir el arriendo impago a menos que esté explícitamente permitido en el contrato. El depósito está destinado a cubrir daños y otros incumplimientos.
¿Cuál es el proceso de notificación de una terminación anticipada del contrato debido a razones de estudio o trabajo en Chile?
Para notificar una terminación anticipada del contrato debido a razones de estudio o trabajo, el arrendatario generalmente debe enviar una notificación por escrito al arrendador con una anticipación de 30, 60 o 90 días, según lo establecido en el contrato o por la ley local.
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