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¿Cuál es el papel de la tecnología blockchain en el proceso KYC en Chile?
La tecnología blockchain puede utilizarse para mejorar la seguridad y la eficiencia del proceso KYC en Chile, permitiendo un registro inmutable de datos de identificación que las instituciones financieras pueden verificar de manera más rápida y confiable.
¿Pueden los deudores alimentarios en Chile solicitar el cambio de beneficiario de la pensión de alimentos?
En general, un deudor alimentario no puede solicitar un cambio de beneficiario de la pensión de alimentos sin el consentimiento del tribunal y una justificación válida. La pensión está destinada a cubrir las necesidades del beneficiario, generalmente un hijo o cónyuge, y el cambio de beneficiario se considera excepcional.
¿Cuál es la penalización por el delito de violación de derechos humanos en Chile?
La violación de derechos humanos en Chile puede resultar en sanciones legales, incluyendo penas de prisión, especialmente en casos relacionados con abusos durante el período de la dictadura militar.
¿Puede un deudor solicitar la suspensión del proceso de embargo mientras se resuelve una disputa legal en Chile?
Sí, un deudor puede solicitar la suspensión del proceso de embargo mientras se resuelve una disputa legal o se espera una decisión judicial en otro asunto relacionado.
¿Puede un deudor solicitar la conversión de la deuda en una moneda extranjera en lugar de enfrentar un embargo en Chile?
La conversión de la deuda en una moneda extranjera puede ser una opción en ciertos casos, dependiendo de los términos del contrato de deuda y la legislación aplicable.
¿Cómo se promueve la colaboración entre el sector público y el privado en la verificación en listas de riesgos en Chile?
La colaboración entre el sector público y el privado es fundamental en la verificación en listas de riesgos en Chile. Las autoridades reguladoras, como la SBIF y la UAF, trabajan en estrecha colaboración con empresas y entidades financieras para establecer regulaciones efectivas y garantizar el cumplimiento. Esto implica la comunicación regular, el intercambio de información relevante y la cooperación en investigaciones y casos de cumplimiento. La colaboración entre el sector público y el privado es esencial para abordar de manera efectiva las amenazas relacionadas con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros riesgos financieros en el país.
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