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¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en las empresas del sector agrícola y agroalimentario en Chile?
Las empresas del sector agrícola y agroalimentario en Chile deben cumplir con las regulaciones sobre seguridad alimentaria, etiquetado de productos y buenas prácticas agrícolas. El incumplimiento puede dar lugar a la retirada de productos del mercado y sanciones. El cumplimiento es esencial para la protección de la salud de los consumidores y la competitividad de las empresas.
¿Cómo se puede impugnar un embargo en Chile?
El deudor puede impugnar el embargo presentando argumentos legales y pruebas al tribunal, argumentando que el embargo es injusto o inapropiado.
¿Cómo se abordan los riesgos ambientales en la debida diligencia en proyectos de tratamiento de aguas y saneamiento en Chile?
En proyectos de tratamiento de aguas y saneamiento en Chile, la debida diligencia se enfoca en la gestión de riesgos medioambientales, incluyendo la protección de fuentes de agua, la calidad del agua tratada, el cumplimiento con regulaciones medioambientales y cómo se minimiza el impacto en el entorno natural y las comunidades locales.
¿Cuáles son las implicaciones de un embargo en Chile para los bienes en copropiedad?
Los bienes en copropiedad pueden estar sujetos a embargo si están relacionados con la deuda, lo que puede afectar a todos los copropietarios involucrados.
¿Puede un deudor alimentario en Chile solicitar la reducción de la pensión de alimentos si se convierte en tutor legal de hijos adicionales?
Un deudor alimentario en Chile puede solicitar la reducción de la pensión de alimentos si se convierte en tutor legal de hijos adicionales y puede demostrar que esta responsabilidad afecta su capacidad de pago. Debe presentar pruebas de la nueva situación y justificar la necesidad de la reducción ante el tribunal.
¿Cómo se abordan los riesgos de corrupción en el compliance en Chile?
Los riesgos de corrupción se abordan en el compliance chileno mediante la implementación de políticas y procedimientos específicos, la capacitación de empleados sobre los riesgos de corrupción y la creación de mecanismos de denuncia interna. Además, las empresas deben cumplir con la Ley N° 20.393 y tener programas efectivos de prevención de delitos.
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