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¿Cuál es el papel de las organizaciones internacionales en el apoyo a Chile en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción relacionados con PEP?
Organizaciones internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) brindan orientación y apoyo técnico a Chile en la implementación de medidas efectivas contra el lavado de dinero y la corrupción relacionados con PEP.
¿Cuál es el proceso de exequátur en Chile?
El proceso de exequátur en Chile es el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en el país y sigue un proceso legal específico.
¿Cuál es tu opinión sobre la formación continua de los empleados en Chile?
La formación continua es esencial para mantener a los empleados actualizados y mejorando constantemente. Fomentaría la formación continua y brindaría oportunidades para el desarrollo profesional a través de programas de capacitación y educación. Esto no solo beneficia a los empleados, sino que también fortalece la competitividad de la empresa.
¿Cómo se abordan las amenazas de lavado de dinero en el comercio de productos básicos en Chile?
Chile ha implementado regulaciones específicas para abordar las amenazas de lavado de dinero en el comercio de productos básicos, que incluyen la verificación de la legitimidad de las transacciones y la debida diligencia con los participantes en este sector.
¿Puede un deudor alimentario en Chile solicitar la suspensión de la pensión de alimentos si está desempleado?
Un deudor alimentario en Chile puede solicitar la suspensión de la pensión de alimentos si está desempleado y no tiene ingresos. Debe notificar al tribunal y al beneficiario sobre su situación. La suspensión es temporal y se aplica hasta que el deudor recupere su capacidad de pago.
¿Cuál es el proceso de notificación de una terminación anticipada del contrato debido a razones de estudio o trabajo en Chile?
Para notificar una terminación anticipada del contrato debido a razones de estudio o trabajo, el arrendatario generalmente debe enviar una notificación por escrito al arrendador con una anticipación de 30, 60 o 90 días, según lo establecido en el contrato o por la ley local.
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