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¿Cuál es el plazo de prescripción para un delito en Chile?
El plazo de prescripción varía según el delito y puede ser de 5, 10, 15 o 20 años, o en casos excepcionales, no prescribir.
¿Cuáles son las causas comunes para un embargo en Chile?
Las causas comunes para un embargo en Chile incluyen deudas impagadas, incumplimiento de contratos, sentencias judiciales y deudas tributarias.
¿Puede un deudor presentar una demanda por daños y perjuicios en caso de un embargo incorrecto en Chile?
Sí, si un embargo se lleva a cabo de manera incorrecta y causa daños al deudor, este puede presentar una demanda por daños y perjuicios contra el acreedor.
¿Qué es el Formulario 22 en Chile y cuándo se debe presentar?
El Formulario 22 es una declaración jurada utilizada en Chile para reportar la renta líquida imponible y calcular el Impuesto a la Renta de las empresas. Debe ser presentado anualmente por las empresas dentro de los primeros cuatro meses del año, generalmente en abril. El Formulario 22 es una herramienta fundamental para mantener los antecedentes fiscales de una empresa en regla y cumplir con sus obligaciones tributarias.
¿Qué medidas deben tomar las empresas chilenas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo?
Las empresas en Chile deben implementar programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, realizar debida diligencia en las transacciones y clientes, reportar transacciones sospechosas y cumplir con la Ley Nº 19.913 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El incumplimiento puede resultar en graves sanciones y daños a la reputación.
¿Cómo se maneja la verificación en listas de riesgos en el sector de la educación en Chile?
El sector de la educación en Chile debe abordar la verificación en listas de riesgos de manera específica. Las instituciones educativas deben verificar la identidad de los estudiantes, profesores y personal administrativo, y asegurarse de que no estén en listas de sanciones. Además, deben cumplir con regulaciones específicas de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que puedan afectar la financiación de instituciones educativas. La cooperación con las autoridades reguladoras y la implementación de políticas de cumplimiento son esenciales en el sector de la educación para garantizar la integridad y la seguridad de las instituciones.
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