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¿Puede una persona solicitar la revisión o corrección de sus antecedentes judiciales en Chile?
Sí, una persona puede solicitar la revisión o corrección de sus antecedentes judiciales en Chile si cree que existen errores o inexactitudes en la información. Puede presentar una solicitud formal a la entidad responsable de los registros y proporcionar pruebas de la corrección necesaria. La corrección o revisión depende de la veracidad de la reclamación.
¿Cuál es el proceso de cambio de nombre en Chile para personas que desean adoptar el apellido de un abuelo o abuela?
El proceso de cambio de nombre en Chile para personas que desean adoptar el apellido de un abuelo o abuela se puede solicitar a través de un proceso judicial y requiere una justificación válida, como la intención de honrar a un familiar.
¿Cuáles son las consecuencias legales de no pagar la pensión alimenticia en Chile?
No pagar la pensión alimenticia en Chile puede resultar en sanciones legales, como la retención de sueldos o la imposición de multas. El tribunal puede tomar medidas para garantizar el cumplimiento de la pensión.
¿Cuál es el papel de la Comisión Chilena del Cobre en la verificación de antecedentes para trabajadores en la industria minera en Chile?
La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) juega un papel importante en la verificación de antecedentes para trabajadores en la industria minera en Chile. Los empleadores pueden requerir antecedentes específicos relacionados con la producción y exportación de cobre, la seguridad laboral y la sustentabilidad en la minería. La legalidad y la sostenibilidad son fundamentales en el sector minero chileno.
¿Cómo se renueva el RUT en caso de cambio de género de una persona en Chile?
En caso de cambio de género de una persona en Chile, se puede solicitar un cambio de nombre y género en el RUT presentando la documentación requerida al Registro Civil.
¿Cómo se abordan los riesgos de corrupción en el compliance en Chile?
Los riesgos de corrupción se abordan en el compliance chileno mediante la implementación de políticas y procedimientos específicos, la capacitación de empleados sobre los riesgos de corrupción y la creación de mecanismos de denuncia interna. Además, las empresas deben cumplir con la Ley N° 20.393 y tener programas efectivos de prevención de delitos.
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