Artículos recomendados
¿Cuál es la razón de monitorear a las PEP?
El monitoreo de las PEP es necesario para prevenir y detectar posibles actividades de corrupción, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En Chile, esto contribuye a mantener la integridad de las instituciones y promover la transparencia en el gobierno.
¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los menores emancipados en Chile?
Los menores emancipados en Chile tienen cierta autonomía legal, pero aún están sujetos a regulaciones especiales. Pueden tomar decisiones legales, como firmar contratos, pero siguen teniendo derechos y necesidades especiales de protección.
¿Cuál es el papel de la debida diligencia en la identificación de riesgos en el cumplimiento en Chile?
La debida diligencia desempeña un papel clave en la identificación de riesgos en el cumplimiento chileno. Ayuda a las empresas a evaluar a terceros, como socios comerciales y proveedores, para identificar posibles riesgos legales y éticos. La debida diligencia es esencial para prevenir problemas antes de que ocurran.
¿Puede un contrato de venta en Chile ser transferible a terceros?
En general, un contrato de venta en Chile puede ser transferible a terceros si así se establece en el contrato. Es común que se incluyan cláusulas que permitan o restrinjan la transferencia a terceros. En ausencia de tales cláusulas, la transferencia podría requerir el consentimiento de ambas partes.
¿Cuál es el marco legal para combatir el lavado de activos en Chile?
Chile cuenta con una sólida base legal para combatir el lavado de activos, incluyendo la Ley N° 19.913 sobre Delitos de Lavado de Activos y la Ley N° 20.393 que establece normas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, existen regulaciones emitidas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile que establecen procedimientos y obligaciones en este ámbito.
¿Cómo se abordan los riesgos de corrupción en el compliance en Chile?
Los riesgos de corrupción se abordan en el compliance chileno mediante la implementación de políticas y procedimientos específicos, la capacitación de empleados sobre los riesgos de corrupción y la creación de mecanismos de denuncia interna. Además, las empresas deben cumplir con la Ley N° 20.393 y tener programas efectivos de prevención de delitos.
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