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¿Cuáles son los costos asociados a la debida diligencia en Chile?
Los costos de la debida diligencia en Chile varían según la complejidad y alcance de la transacción. Incluyen honorarios de profesionales, costos de viaje, costos de investigación y otros gastos relacionados con el proceso de debida diligencia.
¿Cómo pueden las empresas chilenas garantizar la integridad y la prevención del soborno en el cumplimiento normativo?
Las empresas pueden promover la integridad y prevenir el soborno mediante la implementación de programas de cumplimiento normativo que incluyan políticas anticorrupción, capacitación y monitoreo. Cumplir con la Ley Nº 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas es fundamental para prevenir el soborno y la corrupción.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en la contratación de proveedores en Chile?
La debida diligencia en la contratación de proveedores es esencial en el compliance chileno para prevenir riesgos legales y éticos asociados con terceros. Las empresas deben investigar a sus proveedores para garantizar que cumplan con las normativas y no estén involucrados en actividades ilícitas.
¿Cuáles son las sanciones civiles para un deudor alimentario en Chile?
Las sanciones civiles para un deudor alimentario en Chile incluyen multas y el embargo de sus bienes para cubrir la deuda de alimentos. Estas sanciones pueden ser impuestas por el tribunal en caso de incumplimiento.
¿Cómo se verifica la identidad en el proceso de compra de propiedades en Chile?
La validación de identidad en el proceso de compra de propiedades en Chile se realiza mediante la presentación de documentos de identificación válidos, como la cédula de identidad o el pasaporte, durante las transacciones inmobiliarias. Esto asegura que los compradores y vendedores sean quienes dicen ser y que las transacciones sean legítimas.
¿Cuál es el plazo de notificación para la terminación del contrato por parte del arrendador en Chile?
El plazo de notificación para la terminación del contrato por parte del arrendador suele ser de 30, 60 o 90 días, según lo acordado en el contrato o por la ley local. Debe notificar por escrito al arrendatario.
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