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¿Cuál es el enfoque del cumplimiento en relación con la gestión de riesgos financieros en Chile?
El cumplimiento en Chile se enfoca en la gestión de riesgos financieros a través de la conformidad con regulaciones emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). Esto incluye la implementación de sistemas de gestión de riesgos financieros y la revisión de transacciones para prevenir fraudes y delitos financieros.
¿Cómo se determina si alguien es considerado PEP en Chile?
En Chile, la determinación de si alguien es considerado PEP se basa en su posición y funciones en el gobierno o la política. Esto incluye cargos como presidentes, ministros, senadores, y otros altos funcionarios públicos. La normativa específica puede variar.
¿Cuáles son las implicaciones legales de la unión de hecho en Chile?
La unión de hecho no crea un vínculo legal como el matrimonio, pero puede dar lugar a derechos y deberes, como la pensión alimenticia y la regulación de visitas en caso de separación.
¿Puede un deudor solicitar un acuerdo de cesión de bienes en lugar de un embargo en Chile?
Sí, un deudor puede buscar un acuerdo de cesión de bienes en el que cede ciertos activos al acreedor para pagar la deuda en lugar de enfrentar un embargo.
¿Cuál es el proceso de verificación de antecedentes en organizaciones sin fines de lucro en Chile?
Las organizaciones sin fines de lucro en Chile también deben llevar a cabo verificaciones de antecedentes para garantizar la integridad de sus empleados y voluntarios. El proceso generalmente sigue las mismas pautas que en otras organizaciones, con un enfoque en la idoneidad y el cumplimiento de requisitos específicos para trabajadores y voluntarios en el sector sin fines de lucro.
¿Cuál es el proceso para notificar una terminación anticipada del contrato por parte del arrendatario en Chile?
Para notificar una terminación anticipada del contrato, el arrendatario generalmente debe enviar una notificación escrita al arrendador con una anticipación de 30, 60 o 90 días, según lo establecido en el contrato o por la ley local.
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