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¿Puede un deudor alimentario en Chile solicitar la extinción de la pensión de alimentos si el beneficiario se casa o inicia una nueva relación económica estable?
Un deudor alimentario puede solicitar la extinción de la pensión de alimentos en Chile si puede demostrar que el beneficiario se ha casado o ha iniciado una nueva relación económica estable que le permite satisfacer sus necesidades básicas sin la pensión. Sin embargo, esta extinción debe ser autorizada por el tribunal.
¿Puede un deudor solicitar un acuerdo de refinanciamiento de deuda después de un embargo en Chile?
Después de un embargo, un deudor aún puede buscar un acuerdo de refinanciamiento de deuda con el acreedor para resolver la deuda de manera más favorable.
¿Cuál es el impacto del KYC en la gestión de riesgos en instituciones financieras en Chile?
El KYC tiene un impacto significativo en la gestión de riesgos en instituciones financieras en Chile al permitir una evaluación más precisa del riesgo asociado a cada cliente. Esto ayuda a tomar decisiones informadas ya reducir el riesgo de transacciones sospechosas.
¿Cómo se evalúan los riesgos de seguridad y calidad en la debida diligencia en proyectos de inversión en la industria de alimentos procesados en Chile?
En proyectos de inversión en la industria de alimentos procesados en Chile, la debida diligencia se enfoca en los riesgos de seguridad alimentaria y calidad de productos, incluyendo la producción de alimentos procesados, el cumplimiento con regulaciones de seguridad alimentaria y cómo se asegura la calidad y seguridad de los alimentos procesados.
¿Cómo se calcula la pensión de alimentos en Chile?
La pensión de alimentos se calcula en base a la capacidad de pago del deudor y las necesidades del beneficiario. El monto se establece en un porcentaje de los ingresos del deudor y puede ser determinado por un acuerdo entre las partes o un tribunal.
¿Cómo se fomenta la cooperación entre las agencias gubernamentales en la lucha contra el lavado de dinero en Chile?
Chile promueve la cooperación interinstitucional entre las agencias gubernamentales, como la UAF, la Fiscalía y la policía, a través de acuerdos y mecanismos de intercambio de información para garantizar una respuesta efectiva en la lucha contra el lavado de dinero.
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