Artículos recomendados
¿Puede un contrato de venta en Chile especificar plazos de pago y penalizaciones por pagos atrasados?
Sí, un contrato de venta en Chile puede especificar plazos de pago y penalizaciones por pagos atrasados. Estas cláusulas son comunes y ayudan a garantizar que las partes cumplan con sus obligaciones de pago de manera oportuna. Las penalizaciones por pagos atrasados deben ser razonables y proporcionales.
¿Cuáles son las causas más comunes de demandas laborales en Chile?
Las demandas laborales en Chile son comunes por motivos como despidos injustificados, falta de pago de remuneraciones, acoso laboral y discriminación en el trabajo.
¿Cómo se puede comprobar si una persona tiene antecedentes judiciales en Chile?
Las personas pueden comprobar si tienen antecedentes judiciales en Chile solicitando una "Hoja de Vida del Conductor" en el Servicio de Registro Civil e Identificación o utilizando el Portal de Consultas de Antecedentes en línea. Se requiere la autorización de la persona y el pago de una tarifa para obtener esta información.
¿Qué información se incluye en los antecedentes judiciales chilenos?
Los antecedentes judiciales chilenos pueden incluir información sobre condenas penales, arrestos, medidas cautelares, procesos judiciales en curso, sentencias y multas. También pueden contener información sobre el estado actual de una causa o proceso legal. La información varía según el tipo de antecedente y su relevancia para la seguridad pública.
¿Puede el arrendatario subarrendar la propiedad por un período más largo que su contrato original en Chile?
El arrendatario generalmente no puede subarrendar la propiedad por un período más largo que su contrato original a menos que cuente con el consentimiento del arrendador y se establezca por escrito en una modificación del contrato.
¿Cómo se promueve la participación ciudadana en la elaboración de regulaciones relacionadas con PEP en Chile?
La participación ciudadana en la elaboración de regulaciones relacionadas con PEP en Chile se promueve a través de consultas públicas, foros de discusión, y la posibilidad de que la ciudadanía presente comentarios y sugerencias sobre las regulaciones propuestas. Esto garantiza un enfoque más inclusivo en la toma de decisiones.
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